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Educación superior buena y masiva, ¿la cuadratura del círculo?

Se ha avanzado con el sistema de acreditación de calidad, el cual lleva años consolidándose.

Óscar Sánchez
En Colombia es difícil pasar de la educación básica. En zonas rurales es un gran logro ser bachiller. Y para un joven de la ciudad con ganas de estudiar, acceder a una buena universidad es una lotería, e inclusive hacerse profesional en una mediocre resulta complicado. Se requieren programas agresivos y no cabe duda de que la plata tiene que salir del Estado. Las familias saben que la buena educación tiene un retorno alto, y gastan todo lo que pueden. Pero una carrera seria tecnológica o profesional cuesta entre 20 y 100 millones de pesos (sin contar sostenimiento), y esa inversión se recupera en el largo plazo. Así que las cuentas no le cuadran casi a nadie, y si no aparece una universidad estatal, el Sena o alguna forma de beca o subsidio financiados con el presupuesto público, lo que le queda a la mayoría es ‘prepararse’ para un trabajo de baja calidad o informal, en una universidad de garaje.
Durante los últimos 20 años desaprovechamos la bonanza. La demanda aumentó bastante y aunque la oferta también, incluso más rápido, los cupos de buena calidad estuvieron quietos. Mientras la economía creció al 5 % anual, el presupuesto de las universidades públicas lo hizo al 2 %. Este gobierno ha aumentado recursos para mejorar la calidad en las públicas (Cree) y para el programa Ser Pilo Paga, pero ahora con una crisis fiscal ambas cosas no se pueden sostener. El Sena, que había crecido rápido debido a su presupuesto parafiscal, se frenará al ritmo de las nóminas y el desempeño económico. Y las regalías se han desplomado. El Icetex presta para estudiar en las universidades malas más que para hacerlo en las buenas, así que la capacidad de endeudamiento de la gente y buena parte del presupuesto público alimentan la tendencia dominante desde los años ochenta: dejar que estafadores con pose de educadores atiendan los vacíos que el Estado no llena.
Ser Pilo Paga ha ofrecido al 1 % de los mejores estudiantes pobres, que iban a ingresar de todos modos a buenas universidades púbicas (y a algunos colados pudientes), la oportunidad de ir becados a las mejores universidades privadas. Los centros de élite se han tornado más policlasistas, lo que sin duda es loable. En dos años va medio billón invertido, y en tres años, cuando el programa se estabilice costará un billón al año para atender a 50.000 estudiantes. En el mismo periodo, un millón de nuevos bachilleres se sumarán al contingente que se queda sin estudiar, teniendo la capacidad e interés para hacerlo.
Hay alternativas probadas de buena calidad. Pero se quedan en la marginalidad porque la sociedad, el gobierno y las instituciones educativas no se ponen de acuerdo en generalizarlas. ¿Cómo? Varias instituciones ya lo están haciendo, y podríamos citar privadas como la Universidad de Ibagué, públicas como la del Valle o algunas regionales del Sena. En primer lugar, fortalecen la articulación de la educación media con la superior. Es decir, en cualquier colegio ubicado en poblaciones apartadas o ciudades, los chicos van viendo materias universitarias en horas adicionales mientras terminan su bachillerato. Las materias que les falten para completar los dos primeros años de carrera las terminan en colegios grandes de la cabecera de provincia (o barrios de grandes ciudades), apoyados por las mejores universidades de las capitales que validan entre sí créditos académicos. Hasta aquí, se hace la mitad de la carrera a bajo costo y sin atajos que deterioren la calidad, y entonces se llega a los laboratorios, prácticas y facilidades de los campus principales, y se puede recibir allí al doble de los chicos en ciclos avanzados. Las prácticas profesionales terminales se hacen regresando a los territorios donde se hizo el ciclo inicial.
Se requiere unir a lo mejor del Sena, los colegios y las universidades públicas y privadas (sin dejar meter a las de garaje). Al hacerlo se cubriría la mayor parte de la demanda insatisfecha, pagando nuevos maestros de excelencia, optimizando la infraestructura y la dotación, e invirtiendo mucho menos en sostenimiento de los estudiantes. Se tendrían que sumar a este empeño durante una década los seis billones de pesos que reciben por mitades las universidades públicas y el Sena, el aporte para calidad de los recursos Cree, lo que presta el Icetex, lo que quede de regalías, lo que vale Ser Pilo Paga y un esfuerzo fiscal adicional razonable para territorios del conflicto.
Se ha avanzado con el sistema de acreditación de calidad, el cual lleva años consolidándose, y durante la gestión de la actual Ministra se ha ido recuperando poco a poco la gobernabilidad en universidades públicas y mejorando la inspección y vigilancia, con marcos de cualificaciones para un sistema más integrado y pertinente. Pero garantizar capacidades para un trabajo y una vida digna sigue siendo un derecho embolatado.
Óscar Sánchez
*Coordinador nacional de Educapaz
Óscar Sánchez
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