Opinión

¿Cómo mitigar los riesgos de las 'obras por impuestos'?

Tenemos la obligación de trabajar para que la plata llegue a donde verdaderamente se necesita.

04 de enero 2018 , 12:00 a.m.

En la columna del pasado 21 de diciembre expliqué en detalle el mecanismo de “obras por impuestos” que fue aprobado en la última reforma tributaria y comienza a regir en 2018. Es una herramienta que permite a empresas medianas y grandes destinar hasta la mitad de sus impuestos de renta y de ganancias ocasionales para financiar proyectos específicos de construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura social, incluyendo escuelas y universidades en 344 municipios con altos niveles de pobreza y violencia. El Ministerio de Hacienda acaba de determinar que en 2018 hasta 250.000 millones de pesos pueden ser ejecutados por esta vía.

Esta alternativa para tributar es un hecho. Así que más allá de la conveniencia de haberlo aprobado, tenemos la obligación de trabajar para que la plata llegue a donde se necesita y se invierta de modo eficiente y transparente. Así que esta segunda columna busca alertar sobre los riesgos que amenazan esa buena distribución y ejecución.

Lo positivo. Me parece que lo más importante es que las comunidades y sus aliados en las organizaciones sociales pueden acceder directamente a las empresas con ideas interesantes y saltarse muchas barreras políticas.

La segunda virtud que veo es que el diseño apunta a que las obras se terminen rápido y sea muy costoso para las empresas incumplir. Es decir, a diferencia de muchas obras públicas, si se priorizan las que están bien estructuradas, éstas tienen buen pronóstico.

Los problemas. El primero está en el mensaje de que las obras físicas son sinónimo de progreso. En educación, por ejemplo, aunque el déficit de infraestructura es grande, está ampliamente demostrado que un buen maestro, una comunidad y una familia comprometida, una propuesta pedagógica que respete y libere a los estudiantes, el contacto entre el currículo y el entorno, entre otros factores, pesan mucho más que los edificios.

El segundo problema es que cuando se habla de obras, aunque los mejoramientos se ofrezcan como opción, la tentación de alcaldes, gobernadores y técnicos en el nivel nacional es a priorizar los edificios nuevos muy costosos, de impacto reducido y generalmente ubicados en los cascos urbanos, de modo que las poblaciones de las zonas rurales tienden a quedar en segundo plano. De hecho, en el listado que hasta ahora se ha publicado, ese enfoque es evidente.

Otro riesgo es la competencia entre sectores: si un ministerio tiene más peso que otro, podría influir para que sus proyectos vayan por delante. O si la ART, el DNP o las unidades técnicas de los ministerios a cargo, que tienen mucho peso en la decisión, tienen un sesgo, eso puede hacer que la inversión sea orientada por prejuicios. En el listado que va hasta ahora, aunque sólo hay inscritos proyectos de educación para la mitad de los municipios elegibles, son mayoría frente a los proyectos de otros sectores; de modo que seguramente de los 250mil millones que se inviertan, gran parte irá al sector educativo. El énfasis es en infraestructura convencional para la jornada única, mientras la educación inicial, la superior y los espacios para la formación integral están desaparecidos.

Luego están los riesgos de que las empresas contribuyentes solamente quieran usar el mecanismo cuando se amolde a sus intereses. Es probable que elijan territorios donde tienen operación o clientes, ante lo cual, si bien todos los municipios elegibles tienen carencias, los centros poblados con menos necesidades en esa lista pueden terminar siendo los lugares de destino de las inversiones. Pueden sesgarse por cercanías con determinadas comunidades que o bien tengan relaciones personales con los dueños y funcionarios de las empresas, o cuenten con la capacidad de incidencia que otras comunidades con más necesidades no tengan. Y las obras podrían ser sobrefacturadas (aunque controles como la supervisión estatal de las interventorías buscan evitarlo).

Y hay muchos riesgos políticos. Pues entidades que se han concebido para dar voz a las comunidades como la ART o para hacer una gestión pública “científica” como el DNP, no están exentas de quedar convertidas en mermelada, porque como ya hemos visto, el clientelismo y la corrupción van a donde está la plata y pueden adquirir maneras y ropajes sofisticados.

En todo caso, lo que más alarmas despierta es que el mecanismo tiene mucho de mirada desde arriba, con arreglos institucionales centrados en incentivos a agentes económicos, concentración de grandes volúmenes de información en centros nacionales de gestión y supervisión tecnocrática: justo el enfoque que ha fracasado una y otra vez en el país, porque ve el mundo desde la “sabiduría” de los poderosos.

Es decir, repito las conclusiones de hace dos semanas. Uno, las comunidades, las empresas y los alcaldes deben concebir que con dos o tres mil millones de pesos se puede tener mucho más impacto si en vez de hacer un edificio, se arreglan y dotan veinte o treinta ambientes para actividades de aprendizaje colaborativo bien pensadas con los jóvenes y los maestros.

Dos, las zonas rurales de los municipios que han vivido la guerra con mayor intensidad deben tener en cuenta que existe esta fuente de financiación y llegar a las empresas con sus iniciativas enmarcadas en un plan integral, para que los documentos que salen del proceso de construcción de los PDET en las asambleas veredales y en los acuerdos municipales y regionales no queden en el papel. Y tres, el sector privado socialmente responsable debe organizarse para blindar el mecanismo, asociando a empresas ejemplares entre sí, con territorios y con organizaciones sociales, de modo que se marque una pauta potente en transparencia, equidad y eficiencia para la generalidad del empresariado y el gobierno.

ÓSCAR SÁNCHEZ
*Coordinador Nacional Educapaz

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