Opinión

Pobres viejecitas

¿Cuántos culpables sueltos e inocentes presos por este festín de la Corte Suprema al mejor postor?

03 de septiembre 2017 , 02:08 a.m.

Después de escuchar las declaraciones del senador Musa Besaile a Vicky Dávila, de La W, casi me dejo llevar por la conmiseración. El poderoso congresista de ‘la U’, enredado en un escándalo de coimas para salvar su pellejo en la sala penal de la Corte Suprema, se presentó no como un sobornador, sino como una víctima de extorsión, un ganadero que pasaba las noches en vela porque era incapaz de reunir la plata que le pedían para el unto.

Al final, evitó que lo procesaran al pagar 2.000 millones de pesos, mera caja menor para el núcleo político que ha saqueado decenas de miles de millones en tajadas de las obras públicas, del Fondo del Magisterio, en el cartel de la hemofilia y otros muchos hijos del sistema de compra de congresistas con gigantescos contratos, que no se inventó pero sí multiplicó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con su famosa ‘mermelada’.

En las grabaciones, divulgadas después por Caracol Radio, sale a la luz que las víctimas no son Besaile, ni su socio el ‘Ñoño’ Elías ni los otros senadores de la misma cuerda ya mencionados y que cubren todo el espectro de la Unidad Nacional gobiernista (el liberal Álvaro Ashton; Antonio Guerra, de Cambio Radical, el conservador Hernán Andrade y otros muy ilustres de ‘la U’ con procesos congelados en la Sala Penal). Las víctimas son 45 millones de colombianos a quienes los malandros les roban sus impuestos.

Estas pobres viejecitas sin nadita que comer, como en el poema de Rafael Pombo, no son solo el senador Besaile y sus compinches. Integran el combo dos expresidentes de la Corte Suprema, uno de los cuales, Leonidas Bustos, presidía el alto tribunal mientras –según las grabaciones– aparecía como sombrilla para los millonarios cohechos de su protegido, el exfiscal Luis Gustavo Moreno.

Por cierto, Bustos es el mismo que, como magistrado de la Sala Penal, sustentó el fallo que desconoció en 2011 las pruebas del computador del jefe de las Farc ‘Raúl Reyes’, que implicaban, entre otros, a la senadora Piedad Córdoba en negocios con ese grupo terrorista. Con la evidencia surgida sobre la compra de fallos en la Sala Penal, es inevitable preguntarse cuántos culpables andan sueltos, exonerados o con los procesos engavetados y cuántos inocentes han terminado en la cárcel porque no pagaron, en este festín de justicia vendida al mejor postor en el corazón de la Corte Suprema.

Ahora reaparecen los oportunistas de siempre, profesores, juristas y candidatos presidenciales, con propuestas anticorrupción para prohibir esto o aquello, como si lo que han hecho estos cuatreros del presupuesto y de la justicia no estuviera ya prohibido.

Lo que de verdad serviría no pasa por la Carta ni por la ley. Pasa por que los presidentes se comprometan a no entregar contratos a los recomendados de los congresistas y a no untar de ‘mermelada’ a los magistrados con el nombramiento de parientes en el servicio diplomático o con contratos de asesoría a sus allegados.

Baste como ejemplo el caso de Bustos. Con algunos apadrinados en el Gobierno, hace dos años y como presidente de la Suprema, se regó en elogios a Santos. Según relato de ‘Semana’, delante del Presidente sentó su famosa jurisprudencia que sugería que “las formas jurídicas” no podían obstaculizar la negociación con las Farc. “La Corte Suprema y la justicia en Colombia creen en la paz y confían en su prudente juicio”, dijo, y “frente a todos los presentes le entregó una paloma del maestro Alejandro de Narváez”. Y remata la revista: “Las palabras de Bustos dejaron dichoso a Santos”.

No sorprende que, según la muy completa encuesta Gallup, 72 por ciento de los entrevistados desaprueben la gestión del Presidente, misma cifra (72 por ciento) de los que tienen imagen desfavorable de la Suprema. Y, claro, 69 por ciento cree que las cosas en el país van por mal camino.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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