Opinión

Oídos sordos

El colmo de la tontería fue creerles a las Farc que ayudarían a erradicar los cultivos de coca.

08 de octubre 2017 , 02:33 a.m.

Los hechos son aterradores: ocho campesinos murieron y 50 más recibieron heridas por el estallido de artefactos explosivos en medio de operativos de erradicación manual de cultivos de coca en zona rural de Tumaco, uno de los municipios donde más se han disparado estas siembras, como que pasaron de 8.900 hectáreas a más de 23.000 en 24 meses. Mientras que algunos líderes cocaleros responsabilizaron a la Fuerza Pública por lo sucedido, el Ejército culpó a una disidencia de las Farc bajo el mando de alias Guacho.

El sangriento choque ocurrió a las 10 de la mañana del jueves 5, cuando una unidad militar llegó a las áreas de Alto Mataje y La Frontera, para desarrollar labores de erradicación. Más de 200 campesinos, organizados por los grupos armados que controlan los narcocultivos, se reunieron para protestar y oponerse al arranque de las matas de coca. Una unidad antidisturbios de la Policía hizo presencia y, en medio de la tensa situación, se escucharon las explosiones y unas ráfagas de fusil, según relato de testigos.

Cuatro días antes, un poco más al norte, en el Cauca, en zona rural de Miranda –otro municipio cocalero–, tres policías fueron asesinados en un ataque armado. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, atribuyó el ataque a otra disidencia de las Farc. Confuso como suele ser, dijo que en el atentado “pudieron haber participado miembros del Eln (...), pero lo más probable es hayan sido personas de ese frente residual (de las Farc) que se hacen pasar por integrantes del Eln...”.

Episodios similares, aunque por fortuna no todos tan sangrientos, se repiten con frecuencia en las áreas cocaleras. En dos años y ante los ojos indiferentes del Gobierno, los cultivos de coca pasaron de 50.000 hectáreas a más de 145.000. Ese aumento coincide con la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender la fumigación aérea, que, en una década, permitió bajar las hectáreas de casi 180.000 a poco más de 40.000, un procedimiento que, además, evitaba los choques entre Fuerza Pública y cocaleros.

Aunque hay indicios de que se trató de una concesión a las Farc –gran beneficiaria de los narcocultivos–, el argumento formal del Gobierno para frenar la aspersión aérea fue de salud pública. Sea cual sea la razón, la irresponsabilidad gubernamental consistió en hacerlo sin tener un plan B. Los resultados están a la vista y manchados de sangre. El Gobierno puso oídos sordos cuando algunos dijimos –y me incluyo– que una buena parte de la guerra seguiría con ese mar de coca.

Los frentes más sanguinarios de las Farc siempre fueron los financiados con este negocio y por eso, en las zonas cocaleras proliferan las disidencias del grupo guerrillero, mandos medios que no ven la gracia de acogerse a los acuerdos de La Habana y prefieren seguir, a sangre y fuego, produciendo y exportando cocaína. Tras desoír todas las advertencias, el Gobierno no midió la gravedad de suspender las fumigaciones sin tener listo un programa alternativo. En el colmo de la tontería, les creyó a los jefes de las Farc que ese grupo, una vez firmados los acuerdos, ayudaría a erradicar los narcocultivos.

Claro que la gran solución sería la legalización integral de la cocaína y otras sustancias prohibidas, pues es justamente esa prohibición la que genera las grandes utilidades y la actividad mafiosa, como ocurrió con la veda de alcohol en Estados Unidos en los años veinte. Pero en el mundo no hay ambiente para esa legalización, y eso obliga a Colombia a mantener a raya los narcocultivos y a combatir a las bandas criminales que los estimulan y protegen. De lo contrario, esta gran porción de la guerra que proviene del negocio de la coca seguirá dejando su estela de dolor y muerte. Todo por la ligereza del Gobierno.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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