Opinión

Misión incumplida

El informe de la Misión Electoral no ataca el gran problema: la financiación ilegal de las campañas.

23 de abril 2017 , 04:28 a.m.

Revisé las propuestas de la Misión Electoral creada por el Gobierno en desarrollo de los acuerdos de La Habana. Tenía la esperanza de encontrar entre las propuestas de reforma electoral unas que apuntaran a impedir que se repitan los escandalosos y delictivos episodios que untaron de varios millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht las campañas presidenciales de 2010 y 2014, que ganó el primer mandatario, Juan Manuel Santos. Pero me llevé una gran decepción.

La Misión propone crear un nuevo Consejo Electoral y una Corte Electoral, el primero para que asuma las funciones que hoy tiene la Registraduría y la segunda para que cumpla las que hoy tienen el actual CNE y la sala electoral del Consejo de Estado. La clave, dicen los defensores de la idea, es que cambia el origen, pues a los magistrados de la nueva Corte ya no los elegiría el Congreso en virtud de la representación de los diferentes partidos, sino que saldrían por el sistema de ternas, con la participación de las altas cortes.

No me parece gran cosa: este sistema de ternas ha sido penetrado por la politiquería una y otra vez, y ha convertido a las altas cortes en agentes del clientelismo, tanto que hay cierto consenso alrededor de que, para limpiar los más altos tribunales del país, urge quitarles sus funciones nominadoras. Justo lo contrario de la propuesta de la Misión Electoral.

Plantea la Misión que, para las elecciones de concejos, asambleas y Congreso, haya listas cerradas. El votante escogería por cuál lista votar y la marcaría en el tarjetón, pero ya no podría señalar un voto preferente por algún integrante específico de la lista. Hoy, los partidos tienen ambas opciones: ir con lista cerrada o con una abierta al voto preferente. Acabar con las listas abiertas fortalecería la jefatura de los partidos y debilitaría el poder de los caciques, grandes defensores del voto preferente. Por eso mismo, es fácil apostar que esta propuesta encontrará muchos problemas para su aprobación en el Congreso.

La gran decepción me la llevé en el tema de financiación de las campañas: la Misión propone una mayor proporción de financiación estatal, sin eliminar la financiación privada. Pero todo eso es puro cuento: los delitos cometidos en casos como el de Odebrecht nada tienen que ver con la financiación legal, declarada y puesta por encima de la mesa. La operación que condujo, entre otros, Roberto Prieto, manejador de las dos campañas de Santos y a quien la Fiscalía investiga con nuevas evidencias distintas a las ya conocidas, fue con miles de millones de pesos que pasaron por debajo de la mesa.

Los gerentes de campaña van donde unos empresarios y les piden plata en efectivo o en transferencias vía Panamá. Nada de lo que propone la Misión ataja esa práctica. Para acabarla, la reforma electoral debe plantear que los empresarios que, a cualquier título, aporten plata o ayudas en especie como camisetas o afiches para una campaña estén obligados a reportarlo al Consejo Electoral. Esa obligación de reporte debe extenderse a otra práctica sucia y común: el pedido de aportes de la campaña ganadora, pasadas ya las elecciones, dizque para tapar huecos porque la plata no alcanzó. La omisión del informe al Consejo por parte de quien done a una campaña debe volverse delito.

Suena duro con los empresarios, pero en realidad los protege contra el chantaje –que eso es– de quienes vienen a pedir plata para una campaña –o para tapar supuestos huecos– y exigen que el aporte sea por fuera de la contabilidad. Si aporta, es amigo del candidato –o más delicado, del presidente electo– y si no, queda graduado de enemigo. Sin meterle el diente a eso, la reforma electoral es un chiste y, en esa medida, la Misión Electoral incumplió su misión.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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