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Matar el empleo

Las tributarias de 2012, 2013, 2014 y 2016 fueron una paliza para la economía y mataron el empleo.

Mauricio Vargas
Hace un par de años, en estas mismas páginas, califiqué las numerosas reformas tributarias de las dos administraciones de Juan Manuel Santos de leyes que mataban el empleo, como medidas que, en aras de combatir el cáncer del déficit fiscal, actuaban como una quimioterapia que mataría al paciente. Aparte de la baja en los precios del petróleo, la culpa del desequilibrio en las finanzas públicas la tuvo en gran medida un gobierno caracterizado por el despilfarro en el gasto, que cedió una y otra vez a las presiones de los caciques electorales de la Unidad Nacional para girarles, con destino incierto, en medio de oscuras contrataciones, partidas por cientos de miles de millones de pesos.
Muchas de esas partidas presupuestales terminaron en los bolsillos de los amigos del Ejecutivo en el Capitolio, como lo revelan investigaciones de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. La burocracia parásita y la corrupción hace rato se devoran buena parte de los fondos recaudados por la vía tributaria.
Ante los excesos en el gasto y ante la imposibilidad política de reducirlo debido a los compromisos con el cacicazgo de los partidos santistas, el Gobierno no encontró otro remedio que subir los impuestos. Y hacer eso en un país que ya tenía una tasa de tributación muy alta fue como echar gasolina a la candela que consumía el crecimiento económico. Más allá de las causas externas que afectaron la economía en los años recientes, la verdad es que elevar la tasa de tributación del país a promedios que algunos expertos calculan en el 65 %, si no más, acabó con las esperanzas de volver a crecer a los niveles de la década pasada, que, de 2003 en adelante, se movieron casi siempre entre el 4 y el 7 %.
A inicios del siglo, la economía del país crecía por debajo del 2 % y el desempleo rozaba el 18 %. En 2010, las buenas cifras de crecimiento desde 2003, cercanas en algunos años al 7 %, redujeron la tasa de desocupación al 11,8 %. Santos se trazó entonces su objetivo de bajar el indicador de desempleo a un dígito (por debajo del 10 %), y a fines de 2013 lo logró. Si el ritmo de crecimiento de la economía se hubiese mantenido por encima de 4 %, de seguro la desocupación habría bajado al 7 o, incluso, al 6,5 %.
Pero entonces vinieron las urgencias de la reelección, y el gasto público se disparó para satisfacer, entre otras, a los caciques, mientras que la economía mundial frenaba y los precios del petróleo bajaban, de modo que las arcas públicas demandaban más recursos. En vez de mantener controlado el gasto, el Gobierno subió la carga efectiva de impuestos en sucesivas reformas tributarias en 2012, 2013, 2014 y 2016, una verdadera paliza para empresarios y consumidores.
La economía salió golpeada y, tras crecer 4,9 % en 2013, creció en 2016 y 2017 apenas 2 % anual. Y, claro, con tan bajo crecimiento, el desempleo volvió a aumentar. Como lo acaba de revelar el Dane, 2017 cerró con una tasa de desocupación del 9,4 %, dos décimas más que el promedio de 2016 (9,2 %) y medio punto más que en 2015 (8,9 %), con lo cual completó dos años al alza y se situó un punto por encima del promedio de la región, que la OIT calculó para el año pasado en 8,4 %.
Chile y Perú, dos países con los que nos debemos comparar, lo hicieron mucho mejor que Colombia. Chile cerró 2017 con 6,4 % de desempleo, y Perú, donde la principal medición se hace en Lima Metropolitana, lo hizo por debajo del 7 %. Urge bajar los impuestos para que la inversión privada se active y la economía vuelva a crecer. Pero bajar los impuestos sin reducir el gasto, y el tamaño mismo del gigantesco y en muchos casos ineficaz aparato burocrático, es imposible. Menuda tarea le viene al próximo presidente porque de ningún modo podrá hacer nuevas reformas tributarias al alza que sigan matando el empleo.
MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com
Mauricio Vargas
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