Opinión

El harakiri de la JEP

Al proteger a Santrich, la JEP pela el cobre y exhibe un aterrador sesgo pro-Farc.

20 de mayo 2018 , 03:13 a.m.

El portal de internet lasillavacia.com, al que nadie puede tachar de enemigo de los acuerdos de La Habana, lo dijo este viernes con meridiana claridad: con la decisión de suspender el proceso de extradición del excomandante de las Farc ‘Jesús Santrich’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “se hace el harakiri” y debilita de manera grave su ya cuestionada credibilidad. Santrich, designado como representante a la Cámara por el partido Farc, es acusado —con contundentes pruebas— de un grave delito de narcotráfico cometido con posterioridad a la firma de los acuerdos, lo que, según esos mismos acuerdos, lo lleva a perder todos sus beneficios y a ser procesado por la justicia ordinaria. Y eso incluye la posibilidad de ser extraditado.

En la decisión hay un cúmulo de absurdos. Primero, porque la JEP suspende un proceso que no se ha iniciado, lo que, además de atentar contra el derecho, insulta la inteligencia. En efecto, como lo señaló el fiscal Néstor H. Martínez, el trámite de una extradición solo arranca cuando el país que pide al reo presenta la solicitud formal de extradición, y eso no ha ocurrido. Solo entonces se activa la competencia de la JEP, como lo especifica el artículo 19 transitorio, incorporado en la Constitución en desarrollo de los pactos de La Habana, y que los magistrados de la JEP se pasan por la faja.

No es un tema menor: la JEP dice que no está claro si los hechos en que Santrich se involucró con el sanguinario cartel de Sinaloa ocurrieron con posterioridad a la firma de los acuerdos. Eso a pesar de que el propio excomandante no niega que esos contactos fuesen en noviembre de 2017, casi un año después de la firma de los acuerdos, y se limita a alegar que no eran para narcotraficar sino para desarrollar “proyectos productivos” en áreas rurales.

“Lo que hoy está planteando la JEP no está ni en el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial ni en el proyecto de procedimiento que está en curso en el Congreso”, sostuvo el senador de ‘la U’ Hernán Penagos, ponente de dicho proyecto. La JEP prevarica en materia grave: dice que desconoce las pruebas sobre la fecha de ocurrencia; ¿cómo puede conocerlas cuando esa demostración judicial solo va a ser allegada cuando Estados Unidos formalice el pedido de extradición? En términos futbolísticos, la JEP anuló un gol antes de que se produjera la jugada. Al proteger a Santrich como si fuera la pobre víctima de un montaje, la JEP pela el cobre y exhibe un sesgo pro-Farc que aterra.

La credibilidad de esta jurisdicción viene siendo cuestionada desde hace rato. Hace pocas semanas, el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, renunció a su cargo de forma intempestiva. A más de una diferencia conceptual sobre la estructura administrativa de la jurisdicción, quedó la impresión de que sus magistrados querían el control burocrático y de la multimillonaria contratación de la entidad, el mismo vicio que ha enlodado la respetabilidad de los tribunales de la justicia ordinaria.

A más del tufo clientelista y contratista que quedó tras la salida de Correa, ahora resulta que los magistrados dan muestran de escasa sindéresis y dejan entrever su favoritismo hacia los excomandantes de las Farc, autores —con los paramilitares— de algunos de los más espantosos crímenes de la historia colombiana. Que sepan de una vez por todas estos honorables togados que, por esta vía, quizás consigan vencer pero jamás lograrán convencer. Y que, por lo pronto, le dieron la razón al candidato presidencial Iván Duque, quien ha prometido que, si gana, hará ajustes importantes a las normas que regulan la JEP. Ajustes que son bienvenidos si, como lo indican los hechos, más que juzgar a los excomandantes, la JEP se dedica a protegerlos.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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