Opinión

Consulta engañabobos

La consulta vale $ 300 mil millones y no apunta a la pepa del problema de la corrupción.

24 de junio 2018 , 12:13 a.m.

Con un pie afuera del poder, el presidente Juan Manuel Santos acaba de firmar un decreto que convoca, para el 26 de agosto, una consulta electoral con siete preguntas sobre la lucha contra la corrupción. El anuncio, hecho con bombo y platillos, no es un invento del mandatario, sino el desarrollo de una ley del Congreso, donde la senadora Claudia López lideró la iniciativa de esta llamada ‘consulta anticorrupción’.

Suena bonito que al menos 12 millones de votantes (si son menos, no tendría validez) se pronuncien en contra de la corrupción e insten al Congreso a aprobar una serie de leyes para ello. Luchar contra ese cáncer es la batalla más importante que tenemos que librar los colombianos. Dejemos de lado que nadie va a votar a favor de la corrupción y mejor entremos en el detalle, para ver si las normas por las que pregunta la consulta en verdad sirven a ese muy urgente propósito.

La primera pregunta plantea reducir de 40 a 25 salarios mínimos mensuales el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Si reciben menos plata de salario legal, ¿los aleja eso de los dineros mal habidos? Muchos expertos en lucha anticorrupción plantean lo contrario, que los funcionarios deben estar bien pagados para mantener apartadas las tentaciones. Pero, además, al reducir estos salarios, por ley también bajarán los de jueces y fiscales: ¿para luchar contra la corrupción vamos a bajarles el sueldo a quienes libran esa guerra?

El punto 2 pregunta si hay que prohibir que haya sitios de reclusión privilegiada para los corruptos y si hay que impedir que reciban rebaja de penas, aparte de la suspensión de sus contratos con el Estado y que no puedan volver nunca a contratar. Todo muy obvio, tanto que normas similares ya existen en el estatuto anticorrupción y otras leyes. Entonces, ¿para qué la pregunta? Algo similar sucede con los puntos 3, 4 y 5 (pliegos tipo, número plural de proponentes y participación ciudadana, así como rendición de cuentas de los congresistas), que de algún modo aparecen en otras normas.

El punto 6, que pregunta a los votantes si hay que obligar a los congresistas a presentar la declaración de sus bienes y de todos sus ingresos, ya está en otras leyes; algo de reglamentación vía decreto podría hacer más exigible su cumplimiento. El punto 7 limita a tres periodos el máximo que puede estar una misma persona en una misma corporación: es una buena idea para que nadie se atornille al poder en el Congreso y otros cuerpos, pero tampoco es muy significativo.

De modo que, aparte del ruido populista de convocar una consulta bautizada como anticorrupción, el cuestionario no apunta a la pepa del problema. Un ejemplo sencillo: nada de lo que ha venido revelando en estos días la Fiscalía sobre corrupción electoral en diferentes regiones es combatido con las normas incluidas en la consulta del 26 de agosto. Defensores de la idea dicen que hay que valorar el peso político de que 12 millones de votantes rechacen la corrupción. Y si no se alcanza ese umbral, ¿acaso el mensaje político no será una especie de patente de corso a los corruptos?

Muchos más dientes que la consulta contiene la reforma del estatuto anticorrupción que impulsa el Fiscal General en el Congreso: a manera de ejemplo, permite a la justicia intervenir movimientos bancarios sospechosos, penaliza a revisores y auditores que callen operaciones raras y aumenta las penas cuando la plata malversada sea para alimentación infantil. En cambio, en la muy promocionada consulta anticorrupción hay mucho ruido y pocas nueces, un típico engañabobos que no sirve para mayor cosa. ¡Lo grave es que la dichosa consulta vale más de 300.000 millones de pesos! Gastarse semejante cantidad en meros fuegos artificiales es una insensatez que raya en lo criminal.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

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