Opinión

Tampoco era para tanto

Han llegado a presumir que sus declaraciones anuncian que planea perseguir a los líderes sociales.

22 de julio 2018 , 12:14 a.m.

Al nuevo ministro de Defensa le cayeron durísimo por haber dicho que en Colombia hay que reglamentar la protesta social. No eran ni la hora ni el momento adecuados para hacer un anuncio que tampoco corresponde a su cartera, precisamente en medio de la racha de asesinatos de líderes sociales.

Pero tampoco era para tanto. Incluso han llegado a presumir que sus declaraciones anuncian que planea perseguir a los líderes sociales, cuando la propia Corte, en su sentencia de constitucionalidad del nuevo Código de Policía, dice que, como derecho de rango constitucional, la protesta social debe ser reglamentada por ley estatutaria. Precisamente para hacerla respetar, estimularla y defenderla como expresión de la vida democrática. Pero también necesita que esté protegida contra desviaciones que la desvaloricen; tomar precauciones como no permitir en las protestas gente armada, para que ese derecho pueda ser ejercido válidamente dentro de sus cauces y tenga la utilidad que de la protesta social se espera. Tampoco puede estar por encima de los derechos colectivos de los colombianos, como el del trabajo o el de la movilidad.

Pero el episodio sirvió para que muchos malquerientes del nuevo gobierno encontraran el pretexto para augurar que se criminalizará –como si estuviéramos en Venezuela– la protesta social. Esta tesis, tan injusta como atrevida, me trajo a la memoria una entrevista que hice en el 2014 para EL TIEMPO con un líder estudiantil venezolano de escasos 25 años que había llegado a Colombia refugiándose de la persecución del régimen Maduro.

Su nombre es Lorent Saleh. Recuerdo que hablaba casi empanicado, como si lo fueran a coger a la salida de la entrevista.

“El cierre de RCTV (Radio Caracas Televisión) fue lo que despertó el movimiento estudiantil. Nos encontramos en la calle miles de chamos. Nos acusaron de ser financiados por la CIA. Hasta de ser agentes de la Mossad. He hecho tres huelgas de hambre hasta de 23 días para que liberen a mis compañeros encarcelados, unos 200 que son presos políticos.Luego de la muerte de Chávez tomé la decisión de irme de Venezuela hacia Colombia, cuando me secuestraron, me torturaron y me quitaron el pasaporte. Vinieron una profundización de la criminalización de la protesta y una sistemática persecución de los estudiantes. La gente se acostumbró a verme ensangrentado, encadenado. Me han disparado a quemarropa. A mi mamá la han golpeado. A varios de mis mejores amigos les han disparado a la cabeza. Enfrentamos tanquetas con banderas y fusiles con cacerolas. No tenemos armas. Este es un mensaje al presidente Santos: ¿por qué carajos se pudo pronunciar por la muerte de Chávez y no por la de estos chamos menores de 25 años asesinados de un tiro en la cabeza? Estamos tremendamente solos”.

Nunca volví a ver a Lorent. Supe que lo habían arrestado en Venezuela. Desde hace cuatro años la inteligencia venezolana lo tiene preso en El Helicoide, sin que lo hayan llamado a juicio y prácticamente incomunicado. Después de nuestra entrevista, a pesar de tener permiso para adelantar actividades académicas en Colombia, fue expulsado hacia Venezuela, según Migración Colombia porque era un extranjero que atentaba contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la tranquilidad social. Su licencia advertía que no podía desarrollar actividades proselitistas, lo que, de acuerdo con la Cancillería, no cumplió.

Hace pocos días, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dictaminó que esa expulsión de Saleh violó la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes, y acusó al Gobierno colombiano de no garantizar la protección del deportado al entregárselo a las autoridades venezolanas que habían criminalizado su protesta social, sin tiempo para contactar a un abogado y preparar su defensa. Según Vivanco, su deportación fue arbitraria y violó los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 3 de la Convención contra la Tortura y la Convención de 1951 del Estatuto de Refugiados. Hay silencio del Gobierno colombiano.

Cuando Lorent fue deportado, aún se pagaba a cuotas el apoyo de Maduro al proceso de paz.

Entre tanto...
Eso, para no hablar del caso Balda, opositor ecuatoriano deportado después de ser salvado de un secuestro en el barrio Cedritos de Bogotá, donde estaba refugiado del régimen de Correa. Vinculado con esa agresión, el expresidente está ad portas de la cárcel.

MARÍA ISABEL RUEDA

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