Opinión

La pérfida JEP

¿Por qué los uribistas no pueden igualmente alegar un delito político para acogerse a la JEP?

09 de abril 2017 , 04:02 a.m.

La embestida en su defensa de los ministros uribistas fue la primera gran prueba para la pérfida JEP. Y ellos tienen razón en alegar la pertinencia de la jurisdicción: si las Farc pueden acudir a la JEP después de matar campesinos, desplazarlos y volar oleoductos para tumbar a un gobierno, y alegar que es un delito político, ¿por qué los uribistas, que supuestamente dieron puestos para reelegir a un presidente en quien confiaban para ganar la guerra, no pueden igualmente alegar un delito político para acogerse a la JEP?

Repugnante todo. Pero es la primera prueba contra la ridiculez de la JEP. Hasta Odebrecht, y estoy de acuerdo con ‘El Espectador’, podría alegar que tuvo que pagar coimas para construir las vías terciarias del posconflicto.

Qué ironía. Pero así lo planearon los abogados Álvaro Leyva y Enrique Santiago cuando comenzaron a convencer a los exministros de Uribe, visitándolos en sus celdas. La pareja de marras tenía como estrategia reducir la resistencia a lo que su jefe, el expresidente Uribe, ya bautizó como la justicia, no de la JEP, sino de la JEF, para las Farc.

Cuando se dieron cuenta de para dónde iba esto, el Gobierno metió de afán en el Congreso el acto legislativo del 4 de abril de 2017 exigiendo que las sentencias de los aforados –ministros uribistas y paracongresistas– solo podía revisarlas la Corte Suprema. Cerraron esa puerta para la JEP, pero quedó abierta la ventana para que el aforado que así lo desee solicite allá cualquier otro tratamiento especial, incluyendo por ejemplo la sustitución de la pena o la renuncia a la persecución penal, que, aunque con otro nombre, tendría efectos parecidos a la amnistía.

De hecho, los casos de los exministros Palacio, Velásquez y Sabas ya están aceptados en la JEP. Lo hizo su diligente secretario Néstor Raúl Correa, quién está ejerciendo en provisionalidad; es apenas un contratista de la ONU que ya está usurpando funciones.

La competencia para decidir quién va o no a la JEP la tiene –artículo 48 A– la ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos’, que todavía no está creada.

Esa será su segunda gran prueba. ¿Cómo escogerá el comité de tres extranjeros y dos nacionales a los magistrados de la JEP sin conocer bien “el mercado” (por lo menos los tres extranjeros) de juristas bajo la condición deseable de que no estén politizados?

El propio Néstor Raúl Correa es un antiguo y feroz persecutor del uribismo. Solo falta que se traigan de Guatemala a la JEP al exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, a quienes unos llaman el ‘héroe de Centroamérica’ por haber tumbado a un presidente corrupto, mientras otros le tienen terror por su falta de rigurosidad en el manejo en Colombia de la investigación y de las pruebas de la ‘parapolítica’, guiado por sesgos muy claros. Cuando fue retirado de la Corte Suprema por su falta de ortodoxia, Petro se lo llevó para la alcaldía, a donde llegó a pagarle a Velásquez 500.000 pesos/hora (¡!) de asesoría para el “acompañamiento al despacho con sus conceptos y estrategias”. Es decir, para evitar que derrocaran a Petro. Más barato haberlo dejado.

Lo que los negociadores de paz han logrado esconderles muy bien al país y al mundo es que la pérfida JEP no será un tribunal de condena. Será uno de absolución. Podrá revisar las sentencias de todos los actores del conflicto que fueron combatientes y las de los particulares que contribuyeron directa o indirectamente.

¿Por qué digo tal cosa? Porque al que no confiese le rebajarán hasta 20 años la condena que ya le hayan impuesto, así sea del triple. La mayoría de la cúpula tiene 40 años. Pero al que confiese, la pena se le reducirá hasta seis años sembrando lechugas en campo abierto. Y podrá empezar a ejercer la política apenas le comuniquen su pena, no hay necesidad de cumplirla.

Candidatos a la JEP al tribunal de absoluciones: señor ‘Timochenko’: 38 condenas. ‘Iván Márquez’: 40 condenas. ‘Catatumbo’: 10 condenas. ‘Joaquín Gómez’: 17 condenas. Si ninguno dice la verdad, su pena original pasaría de 60 años, a los que algunos están condenados, a 20. Les iría bien mintiendo. Si dicen la verdad, sembrarán lechugas seis años y los 40 años a los que casi todos están condenados serán una sombra debajo de un guarumo.

Ente tanto: ve, Maluma, retirá las ‘4 Babys’ y verás que te vamos a volver a adorar.

MARÍA ISABEL RUEDA

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