Opinión

¡Estaba cantado!

La integración de la JEP plantea un grave déficit democrático.

01 de octubre 2017 , 05:34 a.m.

Con un comité de escogencia compuesto por tres extranjeros, una química farmacéutica y un magistrado de una corte ‘sub judice’, la selección de los miembros de la JEP tenía que salir mal.

Afirmo que una posición política definida, de izquierda o de derecha, no inhabilita automáticamente a una persona para juzgar con independencia y ecuanimidad. Pero cuando se elige a un grupo de magistrados con un criterio de selección del que resultan casi todos con una determinada inclinación ideológica, lo mínimo que se puede pensar es que se escogieron deliberadamente así.

Está claro que el comité de escogencia seleccionó a unas personas en cuyo currículo aparecen vínculos con el Gobierno, unos más directos que otros, pero partidarios incondicionales de sus políticas y, con muy contadas excepciones, coincidiendo bajo el mismo sesgo ideológico. Ahí no se le abrió espacio a ninguna voz distinta.

Sus defensores alegan, por el contrario, que lograron algo sensacional: integrar la JEP con una mayoría de mujeres, como si ser mujer fuera automáticamente equivalente a ser buena magistrada. La mayoría femenina no es la que da garantías a la JEP. Tampoco, que lo hayan integrado con representantes de la población indígena, de los afrodescendientes y de distintas partes del país. Los criterios de la representatividad y de igualdad de género han sido la gran defensa que hasta ahora hemos escuchado sobre dicha selección. Pero de ahí no pasa la defensa. Esos dos criterios no deben primar sobre el de la excelencia, cuando se trata de integrar un tribunal que impartirá justicia.

Pero el problema no es ese. Consiste en que el tribunal de la JEP no refleja las distintas visiones de los colombianos frente al acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc. En eso presenta un complicado déficit democrático. Y por ello amenaza con trasladar, con cero reconciliación, la confrontación de la lucha armada al escenario judicial.

Veamos casos particulares. Varios de los elegidos han tenido poderes de gente de las Farc detenida en las cárceles. Pasarán de ser sus abogados a sus jueces. Figuran también magistrados que han acusado al expresidente Uribe de ser un genocida. Aunque Uribe está excluido de la competencia del tribunal, no lo está el resto del uribismo, cuyas actividades políticas seguramente serán analizadas por sus magistrados. Uno de ellos que así ya ha opinado en las redes sociales está inmerso en una gigantesca inhabilidad. Ya falló.

Hay gente que viene de ONG especializadas en lograr que condenen a la Nación colombiana en los organismos internacionales por las barbaridades de los grupos al margen de la ley, como el Alvear Restrepo. Así sea llevando víctimas falsas, como ocurrió con la masacre de Mapiripán. No hay ninguna posibilidad de que un magistrado salido de ahí prefiera proteger los derechos del Estado y de los colombianos que los del victimario.

También está la lista de los contratistas, encabezada por el exministro y coautor de la JEP, Yesid Reyes, con un contrato por valor de 267 millones de pesos. La propia presidenta del tribunal, la doctora Patricia Linares, tiene aún vigente otro por 106 millones de pesos. En esa situación se encuentran varios. Es obvio también que a un tribunal de magistrados-contratistas le dará brega producir fallos independientes.

Otro común denominador es la escogencia de integrantes de ONG especializadas en derechos humanos. No es que de ellas no pueda salir eventualmente un gran juez, como los hay, pero tampoco podemos soslayar el hecho de que el mundo está lleno de vividores de los derechos humanos, algunos de los cuales serán magistrados de la JEP.

No somos un Estado fallido. No merecíamos que el comité de escogencia de la JEP terminara integrado por extranjeros y farmaceutas, porque sus resultados eran previsibles. Pero también está acordado desde La Habana que ninguno de sus 5 miembros responde ni política, ni penal ni fiscalmente. Llegaron, cobraron, escogieron, y chao. Ahí les dejamos su JEP. Para que Montealegre la reglamente y Santos la ponga a andar a decretazos.

Entre tanto...
Muy bien el ministro Luna, de las TIC. Ya llegó a mil zonas gratis de wifi entregadas.

MARÍA ISABEL RUEDA

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