Opinión

Inseguridad catastrófica

Es inaudito que no se tomen las medidas para reducir la criminalidad si se conocen las causas.

10 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

La violencia y la inseguridad que padece la ciudadanía en todo el territorio nacional han alcanzado niveles catastróficos en las principales ciudades. Parece que tanto el Gobierno como las autoridades no logran una lectura correcta del flagelo. Las políticas y la normatividad legal para enfrentar el accionar de delincuentes reflejan tolerancia, laxitud, inconsistencia legal, debilidad institucional y, en muchos casos, hasta da la sensación de complicidad.

Solo los congresistas, los funcionarios y los empresarios de alto rango disponen de seguridad especial pagada con recursos del presupuesto nacional. El resto de ciudadanos (99 por ciento) permanecen expuestos a los crímenes de la delincuencia común y organizada.

Es imperativo reestructurar y actualizar el ordenamiento legal necesario para responder con contundencia ante todo tipo de delitos. Debe redefinirse todo lo estipulado sobre los equivocadamente llamados ‘delitos menores’, procedimientos de captura, detención, aseguramiento, excarcelación condicional, casa por cárcel, vencimiento de términos y aumento de pie de fuerza policial.

Es imprescindible actualizar el ordenamiento legal que regula funciones, facultades y procedimientos de fiscales, jueces y apoderados judiciales (litigantes), y establecer sanciones específicas para todos ellos en los casos que violen los reglamentos. La sanción debe partir de la pérdida indefinida del derecho a ejercer la profesión de abogado, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar, con la investigación correspondiente.

Todo acto contra la seguridad de los ciudadanos debe sancionarse con detención carcelaria incondicional, hasta que se declare su inocencia o condena mínima, sin rebajas. La víctima debe tener la seguridad de que el victimario dejará de delinquir, al menos por unos años. Todo hecho criminal evidente debería poder ser denunciado por el agente de policía conocedor de este o la víctima. El policía es autoridad y, como tal, debe disponer de facultad legal para interponer la denuncia contra el delincuente capturado y presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

No puede ser excusa para excarcelar delincuentes la falta de cupos en las cárceles. La congestión carcelaria se resuelve construyendo más cárceles. Hace años dicen que la capacidad carcelaria es para 70.000 internos. Hoy dicen que hay 116.000 presos en cárceles y 63.000 con libertad condicional y casa por cárcel, y que de ellos, 40 por ciento delinquen bajo esas condiciones. Es inaudito que no se tomen las medidas para reducir la criminalidad e inseguridad si se conocen las causas del flagelo y las deficiencias del sistema.

Las políticas de Estado para resolver el flagelo de la inseguridad ciudadana no pueden limitarse solo a la represión de delincuentes.

La delincuencia y la inseguridad ciudadana obedecen a causas específicas: la inequidad socioeconómica, desempleo, subempleo, pobreza, miseria y marginalidad e inequitativa distribución del ingreso y segregación social son condiciones constitutivas de caldo de cultivo para la generación de organizaciones delincuenciales. Si no se superan esas condiciones de inequidad socioeconómica, es imposible alcanzar niveles de seguridad ciudadana aceptables.

Singapur, en 1965, cuando se independizó de Gran Bretaña, quedó en condiciones socioeconómicas peores que las de Colombia en ese tiempo. Hoy, el Estado de Singapur está entre los de mayor ingreso per cápita, menor desempleo, menor criminalidad y mejor educación del planeta y tiene instituciones fuertes.

De igual manera ocurre con otros países que lograron estructurar sistemas de gobierno coherentes con objetivos de crecimiento y desarrollo socioeconómico equitativo aceptable (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, etc.).

El dinero para el revolcón institucional contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana debe obtenerse de la derrota de los otros criminales, integrantes de los carteles de la corrupción pública. Vencer a los carteles de la corrupción debe formar parte integral del revolcón institucional contra la criminalidad, para poder garantizar la seguridad ciudadana y la recuperación económica, ética y moral de la nación.

MARCOS SILVA

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA