Opinión

Educación: calidad e institucionalidad

Gobierno y docentes deben desnudar la problemática educativa en todas sus dimensiones.

17 de junio 2017 , 12:00 a.m.

El sistema educativo de una nación debe ser la piedra angular del desarrollo económico y social. Por ello, es necesario que se establezca de una manera que garantice condiciones para asegurar calidad académica y desarrollo nacional integral.

El Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar un ordenamiento legal capaz de orientar, y que su aplicación sea oportuna y rigurosa.

En Colombia, las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 definieron, en forma general, el sistema educativo y sus flexibilidades. Sin embargo, los resultados, después de más de dos décadas de vigencia, no corresponden con la formación de calidad requerida. El Estado no ha cumplido con la vigilancia y controles académicos requeridos ni con la financiación necesaria. La educación se convirtió en un negocio dominado por particulares, con controles y regulación estatal precarios. La atención que da el sistema educativo a la formación para el trabajo y el desarrollo humano es insuficiente y carece de articulación con el desarrollo económico y social.

La síntesis de la mala calidad de la educación se registra en los resultados, año tras año, de las pruebas Saber 11 y Saber Pro (Ecaes), y Pisa, en las que Colombia siempre ocupa las últimas casillas (lectura, matemáticas y ciencias), desde que participa en ellas (2006).

Ciencia, tecnología e innovación, motores del desarrollo del mundo, son una quimera en un país con una economía basada en el extractivismo, la especulación financiera e inmobiliaria y el consumismo. Gobierno, políticos, empresarios y docentes deberían ser conscientes de lo que ocurre en el sistema educativo y proceder de inmediato a definir políticas de Estado que permitan estructurar un modelo o sistema educativo capaz de garantizar mejoramiento progresivo de calidad y pertinencia en la formación académica de los colombianos.

Además, el aprendizaje debe ser integral, por lo cual es necesario que incluya formación para la convivencia, con racionalidad social y legal. Son objetivos que, prácticamente, fueron borrados de los nuevos currículos en el nuevo sistema educativo nacional.

Por eso, la huelga y las peticiones planteadas por los docentes se fundamentan en lograr mejoramiento integral de todo el sector, incluidos los salarios. Gobierno y maestros deben desnudar la problemática educativa en todas sus dimensiones. Hay que mejorar la calidad, y esto requiere ordenamiento preciso y mayor inversión en el sector.

Esa solución, para que corresponda a la realidad nacional, debe contener, como mínimo, los siguientes acuerdos y compromisos:

1. Reestructuración total de la financiación del sistema, con un incremento del 0,5 por ciento anual del PIB, hasta alcanzar el 8 por ciento; e incremento del 0,2 por ciento anual hasta el 3 por ciento del PIB, para ciencia y tecnología.

2. Establecer políticas de Estado para capacitación y actualización académica de docentes, con cargo al presupuesto del sector.

3. Ampliar y mejorar la planta física e infraestructura de recreación y abastecimiento de servicios básicos de las instituciones educativas.

4. Redefinir la escala salarial para los maestros, a partir de $ 2’500.000 mensuales, y precisar requisitos únicos para ingreso y ascenso al servicio docente, en el que solo califique la capacidad académica demostrada en prueba escrita y de conocimiento específico.

5. Ampliación de la planta docente en todos los niveles del sistema educativo público.

MARCOS SILVA MARTÍNEZ

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