Opinión

Conflicto y cultivos ilícitos

El mejor negocio de cualquier nación está en reducir la pobreza, hasta su desaparición total.

25 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

La actividad agraria del campesino pobre (más del 80 por ciento) bajo las condiciones de productividad y competitividad que tiene que enfrentar hoy no es viable.

Generalmente tiene que cultivar áreas de alta pendiente y donde el suelo carece de un potencial micronutricional. Estas circunstancias podrían cambiar con la aplicación de micronutrientes, facilidad de acceso a la tierra de buena calidad y con asesoría técnico-científica. Pero esto no está a su alcance, y los insumos agroquímicos son incosteables.

Además, siempre está expuesto a las contingencias del clima, sin riego, sin garantías de cosecha ni de comercialización y rivalizando con los productos importados de países de alto rendimiento agrario. La competencia desigual se intensificó a partir de la profundización de la apertura económica de los años 90 e hizo metástasis con el TLC.

La combinación de estos factores explica y justifica el hecho de que muchos campesinos abandonaran sus cultivos tradicionales y decidieran incursionar en el de la coca, único que les deja algún margen de utilidad; a pesar de que al productor de hoja de coca solo le llega un escaso 10 por ciento del negocio final, luego del procesamiento, tráfico y consumo. Legal y moralmente, nadie puede obligar a alguien a trabajar a pérdida.

Con la apertura de los años 90, la agricultura tradicional se afectó con la reducción abrupta, en más de dos millones de hectáreas, del área cultivada. Como consecuencia, crecieron exponencialmente las importaciones de alimentos, que se producían y pueden producirse en la actividad agraria colombiana. Más de 10,8 millones de toneladas de alimentos fueron importadas en el 2015.

Los TLC entre naciones no son malos ‘per se’, sino por los términos concertados, que resultan desventajosos para las partes de menor desarrollo tecnológico y comercial, como Colombia

Estas condiciones agudizaron la pobreza de los colombianos del campo, y esto generó un crecimiento de la migración a la ciudad, lo que dio origen a los cinturones de miseria en las periferias de las urbes, informalidad, rebusque, desempleo, subempleo, indigencia e inseguridad ciudadana. Es la problemática socioeconómica nacional, caldo de cultivo del conflicto, cuya solución no admite espera.

La finalización del conflicto colombiano implica resolver esa problemática en general y, en particular, la derivada de decisiones tomadas y políticas económicas impuestas o presionadas por los dogmas del capital transnacional y su modelo económico global.

Se debe reconocer que los acuerdos comerciales y TLC entre naciones no son malos ‘per se’, sino por los términos concertados, que resultan desventajosos para las partes de menor desarrollo tecnológico, científico y comercial. Esto ocurrió en Colombia. Está comprobado con la sustitución de la producción agropecuaria nacional por la importación de alimentos de países desarrollados, ya que de esta manera se dio al traste con la producción nacional y se ocasionó desempleo progresivo, entre otros efectos.

Los acuerdos comerciales deben consultar las condiciones de desarrollo nacional, en los diversos sectores de la producción, y deben incluir la implementación de políticas para la potenciación de la producción nacional frente a la competencia extranjera.

Colombia no lo hizo. Esta es una deuda que debe saldarse con los afectados, pues ahí se localizan causas y catalizadores del conflicto, además de que fue objeto de negociación y, por lo tanto, su solución es obligatoria, sin maquillaje de cifras ni sesgos interpretativos o populistas, sin mezquindad y con absoluta responsabilidad política y social.

Lo acordado sobre la sustitución de cultivos ilícitos, en la negociación que se realizó en La Habana, debe convertirse en una oportunidad para estructurar políticas de Estado sobre producción agropecuaria, especialmente, aquellas que erradiquen las ineficiencias que afectan la producción de los campesinos colombianos pobres.

Dichas políticas deben definirse con base en criterios técnicos y científicos sobre el uso de la tierra (Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial) y garantizar el acceso a ella, para alcanzar rendimientos y calidad (Reforma Agraria Integral) y lograr la sustitución de importaciones, como le recomendó recientemente el nobel Joseph Stiglitz al presidente Santos.

El mejor negocio de cualquier nación está en reducir la pobreza y la miseria, hasta su desaparición total, siempre bajo la tutela del conocimiento, la ciencia y la tecnología.

MARCOS SILVA MARTÍNEZ

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA