Opinión

Mocoa

Existen urbanizaciones legales en zonas que no debieron urbanizarse por su vulnerabilidad ambiental.

09 de abril 2017 , 04:07 a.m.

La tragedia de Mocoa se habría podido evitar, se ha afirmado incesantemente. Pero en Colombia, tragedias similares o más graves que la ocurrida seguirán sucediendo si no se afronta con contundencia una realidad que los líderes nacionales y locales parecen evadir: el mayor problema socioambiental de nuestro país son los cientos de miles de habitantes que están asentados en lugares de alto riesgo por las inundaciones y los deslizamientos.

En Mocoa, gran parte de las viviendas y otras edificaciones arrasadas se ubicaban en zonas de riesgo extremo, así no se use este término en las clasificaciones técnicas. Es cierto que en Colombia son muchos los asentamientos humanos que, como en Mocoa, se encuentran ubicados en la orilla misma de los ríos y, con no poca frecuencia, en su propio cauce. Pero en Mocoa, el riesgo derivado de esta localización se hace extremo en ciertas zonas: llueve como en pocas capitales del país (3.900 m. m. s. al año vs. 800 en Bogotá) y está atravesada por un conjunto de ríos que corren desde empinadas montañas andinas y, con un abrupto cambio de pendiente, se dirigen hacia la planicie amazónica. Estas características, entre otras, determinan que la región en donde se emplaza la ciudad sea excepcionalmente vulnerable a los deslizamientos e inundaciones, una situación que se ha agravado con la deforestación y las lluvias más torrenciales, que se están presentando a consecuencia del cambio climático, como la ocurrida la noche del 1.° de abril. Precisamente, este conjunto de factores detonó la avalancha que se produjo en el 2012 en la quebrada Taruca, aguas arriba de Mocoa y que ya registraba para entonces una historia de graves sucesos. Aquella llevó a no pocos lugareños y expertos a reiterar la alta probabilidad de una tragedia si no se tomaban medidas para evitarla.

La dirección de Corpoamazonia ha señalado que advirtió a las autoridades municipales sobre el alto riesgo que presentaban algunas zonas. ¿Lo prohibió o solo lo advirtió? Hay una diferencia, puesto que las CAR, en el proceso de adopción de los planes de ordenamiento territorial (POT), tienen la competencia para prohibir a los municipios la urbanización en tales sitios.

Más allá de Corpoamazonia, ¿por qué no se establecieron sistemas de advertencia temprana? ¿Qué hicieron entidades del orden nacional como Minambiente, Minvivienda, el Fondo de Adaptación y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? ¿Por qué las autoridades municipales permitieron que se urbanizara en estas zonas? ¿Acaso lo autorizaron en el POT? Y si se urbanizaron ilegalmente, ¿qué favoreció esta situación?

Seamos claros: en muchas ciudades del país existen urbanizaciones legales ubicadas en zonas que nunca debieron urbanizarse por su vulnerabilidad ambiental y que parecerían ser, en muchas ocasiones, el producto de actos corruptos de concejales y alcaldes, en alianza con empresarios, que han encontrado en los POT otra fuente para el enriquecimiento ilícito. Se trata de un acto criminal que debería ser castigado. Y en Mocoa es necesario determinar si esa fue una de las causas de la tragedia o si esta fue el producto de la desidia oficial, o de una letal combinación de las dos.

Es imperativo que se concluya el Inventario Nacional de Asentamientos de Alto Riesgo, iniciado en el 2014 con el fin de establecer prioridades para mitigarlo y, cuando no sea posible, reubicar las familias en peligro. Como es imperativo detener la deforestación, que está aumentando los deslizamientos, la desestabilización del ciclo del agua y la ocurrencia de inundaciones. Son cometidos que requieren de una multimillonaria inversión y, por tanto, la definición de una clara jerarquía de prioridades. Pero para realizarlos es necesario que muchos de nuestros dirigentes abandonen la absurda creencia de que la protección ambiental es un lujo que el país aún no puede darse.

MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA

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