Opinión

Gobernar bajo sospecha

Era apenas lógico replantear la idea inicial y viabilizar el metro con los recursos disponibles.

24 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

La Contraloría de Bogotá tiene abiertos varios procesos de responsabilidad fiscal contra la administración Peñalosa. Los dos últimos se refieren al metro y al relleno Doña Juana. En el primero se desconoce la necesidad de actualización de los proyectos de infraestructura, y el segundo tiene un tufillo de injusticia, ya que durante ocho años no se hizo nada y hoy pagan justos por pecadores.

En cuanto al metro, el proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde y su gerente se da por un presunto detrimento patrimonial de 146.000 millones de pesos, por no haber tenido en cuenta los estudios de la administración Petro para estructurar la primera línea. Se busca definir si lo que se ha hecho fue eficiente y eficaz, teniendo en cuenta que los estudios planteaban un sistema subterráneo, diferente al metro elevado de hoy.

La Administración lo ha explicado razonablemente. En resumen, el proyecto subterráneo se desfinanció por la devaluación del peso, porque el presupuesto inicial del 2014 se hizo con un dólar a 1.950 pesos. En este contexto, Petro no pudo licitarlo porque al final de su mandato ya el dólar estaba cercano a los 3.000 pesos y la cantidad de componentes importados era demasiado alta para inviabilizar el metro.

Si un proyecto cuesta más de lo presupuestado, hay dos opciones: no hacerlo o ajustarlo. Era apenas lógico y responsable replantear la idea inicial y viabilizar el metro con los recursos disponibles; como también lo es que el Alcalde y el gerente de la Empresa Metro hicieran nuevos estudios, ya que no hacerlos significaba el incumplimiento de sus obligaciones.

Si un proyecto cuesta más de lo presupuestado, hay dos opciones: no hacerlo o ajustarlo

Adicionalmente, el nuevo estudio tomó los anteriores como punto de partida, y mucho de lo relacionado con el estado del subsuelo y el trazado hacia el occidente de la ciudad viene de ellos.

Preocupa esta investigación, porque puede dilatar el avance de esta importante y esperada obra. Pero, sobre todo, porque en el fondo se está planteando que el proyecto no se puede actualizar a pesar del tiempo que ha pasado sin ser ejecutado y del cambio en variables de entorno que escapa al control de los responsables. Si esto fuera correcto, utilicemos los estudios del metro que se planteó en los años sesenta.

En el caso del relleno Doña Juana, la Contraloría investiga a 21 funcionarios y exfuncionarios de la Uaesp de las administraciones de Moreno, Petro y Peñalosa. La indagación obedece a un presunto detrimento patrimonial superior a los 4.000 millones de pesos, relacionado con un desembolso que buscaba la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados. Según la investigación, no se garantizó la inversión de los recursos y parte de ellos se gastaron en actividades diferentes a lo establecido. Si esto es así, ¡es grave! Esto pasó en el 2011 y no ha pasado nada. ¿Por qué hasta ahora se investiga? ¿Quiénes son los verdaderos responsables?

El Contralor está poniendo a la Administración contra las cuerdas: tiene también investigada a Astrid Álvarez, presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, y embargó a Alexandra Rojas, directora de TransMilenio. A este paso, pareciera que no quiere dejar títere con cabeza. Es innegable el tinte político en momentos en que la revocatoria avanza y todos quieren sacar provecho.

La Contraloría Distrital debe, sin duda, cumplir con su importante misión, ni más faltaba. Pero abrir investigaciones a diestra y siniestra no necesariamente es el camino; por el contrario, no ayuda a la ciudad, la paraliza. ¿Por qué no acudir a la vieja y conocida fórmula de conversar y preguntar primero antes de armar un escándalo público? Sería mucho más constructivo y ejemplarizante actuar de esa manera que hacer todo este ruido con el que la única gran perjudicada es nuestra ciudad.

LUIS GUILLERMO PLATA
* Presidente de ProBogotá Región

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