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La debilidad de la justicia en Colombia

No son necesarias más leyes. Lo imperativo es que estas se cumplan.

Según la encuesta de Ipsos publicada la semana pasada, la justicia es el sector en el que menos confían los colombianos, con solo un 20 por ciento de aprobación. En el 2016 obtuvo una de las peores calificaciones en el Índice de Transparencia Nacional (61,7), ubicándose 7 puntos por debajo del promedio de otras instituciones públicas (69,3). Sin embargo, la realidad supera las cifras, pues la congestión, la corrupción, la impunidad y la inseguridad jurídica han generado situaciones como para una segunda parte de la novela El proceso, de Franz Kafka, pero esta vez, además, ambientada en Macondo.
Colombia es un país en donde los expedientes literalmente se abalanzan sobre los funcionarios judiciales, cayendo de torres de varios metros de altura como si buscaran un abrazo luego de años de olvido; las víctimas enmarcan las sentencias en las que obtienen una indemnización, porque los condenados se insolventan antes del juicio; un proceso puede tramitarse durante la vida de varios abogados o una finca puede tener hasta 10 dueños con escrituras legales. En fin, vivimos en un país en el cual, infortunadamente, la gente prefiere no acudir a la justicia.
Los ciudadanos tampoco confían en los abogados. En casi todos los recientes escándalos de corrupción, la mayoría de protagonistas son jueces, fiscales, asesores o litigantes que tienen esta profesión. Mientras tanto, los sistemas de control son insuficientes, y cuando por fin se logra sancionar a alguno, siempre resurge, como en la novela de Julio Jiménez En cuerpo ajeno. La corrupción ha llegado al punto de que se adelantan más de 800 investigaciones en la justicia y cada mes se destapa un escándalo más grave que el anterior.
Aunque ya empiezan a verse avances, y por ello es esperanzador que el fiscal Martínez destape las cañerías de la Fiscalía, que convirtieron el sistema acusatorio en el ‘sistema aplazatorio’, donde además se ofrece el combo completo y agrandado, que era lo que lo hacían los togados del Meta que derogaron el Código Penal e impusieron el código del dinero, interviniendo en esta red, ofreciendo investigadores, jueces de garantías, magistrados del tribunal y atención de cinco estrellas en la cárcel si algo salía mal, y por esta razón delinquía con ella el abogado del Inpec.
Desde el punto de vista de gestión, los problemas son enormes. En Colombia nos sentimos orgullosos de decir que tenemos un derecho administrativo y un derecho civil de corte francés, un derecho penal de influencia alemana y un proceso penal de estilo anglosajón, pero la realidad es que tenemos un sistema judicial lleno de estructuras macondianas, o ‘a la colombiana’, que no funcionan y donde se alimentan a manteles los corruptos.
Los procesos deben ser más sencillos, para favorecer la eficacia y evitar la impunidad. La historia nos demuestra que la justicia es un elemento esencial para el desarrollo y la paz de las naciones o, como decía Simón Bolívar, “es la reina de las virtudes republicanas, y con ella se sostienen la igualdad y la libertad”. Por ello hay que fortalecerla y salvaguardarla de la corrupción y de la ineficiencia, porque una justicia tardía no es justicia.
Es necesaria la grandeza de nuestros jueces, que se dejen reformar para que exista un verdadero equilibrio de poderes; y que se aplique la ley de forma eficiente. No son necesarias más leyes. Lo imperativo es que estas se cumplan. El populismo legislativo es una receta de mediocres y la válvula de escape de corruptos.
LUIS FELIPE HENAO
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