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El ‘fast track’ político

Se están viendo las orejas de los que utilizan la paz para tener una plataforma política personal.

Definitivamente, el dicho de mi abuelo de que el hábito no hace al monje es muy cierto y le cae como anillo al dedo a el "ex" ministro del Interior, y pongo el "ex" entre comillas porque hizo todo para seguir ejerciendo el cargo; ese hombre que presentó una reforma política con una gran carga moral y le dejó el muerto al Congreso, para hacer política recurriendo a la estrategia desgastada de hablar mal de política, es el mismo que crea inhabilidades para los otros y se habilita para seguir fungiendo de ministro en la sombra y precandidato en el día.
El mismo día de su renuncia, se autodesignó representante del Gobierno ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final a través del decreto 871 de 2017, lo que hará posible que siga controlando los temas de la paz sin estar inhabilitado para participar en política.
Esta jugada maestra implica un claro desequilibrio democrático, pues le permitirá ser candidato y al mismo tiempo tener una poderosa influencia en la repartición de los recursos del posconflicto, es decir, un 'fast track' político a través de la implementación del acuerdo de paz.
Sin embargo, mientras el jefe negociador y el Ministro del Interior preparan velozmente sus campañas, la implementación del proceso va a paso de tortuga. El proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP debía ser presentado al Congreso la semana siguiente a la aprobación del Acto Legislativo para la Paz y se demoró más de mes y medio; por su parte, los decretos extraordinarios para la implementación del acuerdo se expidieron a la carrera, pocos días antes de que se venciera el término contemplado en el Acto Legislativo para la Paz.

Al parecer, el ‘fast track’ político está afectando el ‘fast track’ jurídico, que exige la implementación del acuerdo
de paz

Del afán no queda sino el cansancio: los errores se comienzan a evidenciar. El más grave fue expuesto por el Fiscal General de la Nación y el propio comisionado Sergio Jaramillo, quien dijo que era una “chambonada”. El decreto 903 de 2017 señala textualmente que “con los bienes y activos incluidos en el mencionado inventario se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación integral y la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final”, lo cual es errado y puede traer muchos inconvenientes, pues el numeral dedicado a la reparación de las víctimas no es ese, sino el 5.1.3.
El numeral 3.2.2 al que hace referencia la norma es el de la reincorporación económica y social de las Farc, entre cuyos puntos se encuentra la financiación del movimiento político de las Farc, lo cual desconoce claramente el acuerdo de paz, pues este señala que dichos recursos deberán destinarse a la reparación de las víctimas.
Esta situación genera un profundo desequilibrio en la asignación de recursos. Mientras que las Farc no dan claridad y certeza sobre la entrega de recursos para la reparación de más de 7 millones de víctimas, sí se aseguraron una fuente importante del presupuesto para la financiación de su partido político.
El riesgo de esta “chambonada” es alto: las Farc pueden exigir que por este “articulito” se les devuelvan los bienes que entreguen para que estos sean destinados a su propia reincorporación económica y política, lo cual dejaría a las víctimas sin bienes para ser reparadas.
Al parecer, el 'fast track' político de las últimas semanas, aplicado por quienes utilizan la paz como trampolín político, está afectando el 'fast track' jurídico que exige la implementación del acuerdo de paz. No se pueden sobreponer los intereses personales sobre los generales, y en este caso se están viendo las orejas de los que utilizan la paz para tener una plataforma política personal.
LUIS FELIPE HENAO
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