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Voto militar

Un ejército no es más democrático porque sus miembros no votan, ni el voto en sí lo lleva a la deliberancia.

Laura Gil
¿Un ciudadano colombiano deja de serlo al vestir el uniforme de soldado o de policía? Si su respuesta es afirmativa, sigamos negándoles el voto. Pero si usted cree que los soldados y policías son tan ciudadanos como usted o como yo, deberá concluir que ellos tienen derechos.
La prohibición del voto a uniformados constituye una violación de un derecho fundamental. Así lo dicen parlamentos y tribunales en todo el mundo. A nivel internacional, el debate parece saldado. Cada día son menos los países que excluyen a los militares del voto; el número no supera la veintena. Incluso países con pasados de dictadura militar se han movido hacia el levantamiento de la restricción, y la tendencia hacia la ampliación del espacio democrático resulta clara.
Los textos internacionales de derechos humanos consagran el derecho al voto. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Interamericana de Derechos Humanos nos reconocen el derecho de todos “a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto”.
La cuestión del voto militar no debería depender de la oportunidad o la conveniencia, porque el ejercicio de un derecho no puede estar sujeto a semejantes consideraciones. En Colombia, la negación del voto a los miembros de la Fuerza está incluida en la Constitución. Tiene un carácter particularmente lesivo en la medida en que se extiende también a la Policía. En la mayoría de los pocos países donde persiste la interdicción para los militares los policías sí pueden votar.
La negación de un derecho a toda una población solo podría justificarse si es necesaria para lograr el fin constitucional, proporcional para alcanzarlo y, en la esencia, respetuosa del contenido mismo del derecho. ¿Se les niega a policías y militares el derecho a votar para garantizar la democracia, permitirles mantener la neutralidad política o asegurar su efectividad como instituciones?
En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos sentenció que la obligación impuesta por Hungría “a ciertas categorías de funcionarios, especialmente a los policías, de abstenerse de actividades políticas se dirige a la despolitización de los servicios afectados y, de hecho, contribuye a la consolidación y al mantenimiento de la democracia pluralista en el país... Es del todo evidente, incluso si los policías están sometidos a restricciones en interés del servicio, que tienen el derecho de votar...”.
De hecho, hoy por hoy, tan indiscutible resulta el derecho a votar de todos que el debate internacional se centra en cuán extensa puede ser la prohibición de participar en política e incluso bajo qué condiciones podrían ser elegidos, pero no en el voto mismo.
Argumentan los opositores del voto militar que los miembros de una institución jerárquica no podrán ejercer un derecho en privado por fuera de la línea de mando. Confunden el acto secreto de votar como libre manifestación de una expresión ideológica con la deliberancia pública, la participación en política y la filiación partidaria. Piensan que el voto de los individuos solo reflejará la decisión de una institución e insisten en la ausencia de mecanismos de control eficientes para evitar la politización. La discusión está marcada por el miedo.
Un ejército no es más democrático porque sus miembros no votan, ni el voto en sí lo lleva a la deliberancia. ¿Dónde está la evidencia para sostener que Colombia escapó a las dictaduras de los setenta porque su ejército no lo hace?
Este es un momento de transformaciones y el país necesita más democracia. No podemos quedar atrapados en el peso de la historia. Si estamos dispuestos a dar un salto de fe para creer en los miembros de las Farc, ¿cómo no creer en los soldados y policías de Colombia?
Laura Gil
Laura Gil
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