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Al punto justo

La paz internacionalizada que nos entregaron fue diseñada para fortalecer la acción del Estado y no irá en detrimento de su capacidad.

Laura Gil
El acuerdo de La Habana asegura una participación internacional en el posconflicto lo suficientemente sólida para dar garantías a la ciudadanía y lo suficientemente delimitada para mantener los centros de decisión en instancias nacionales. Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Este ejercicio de equilibrio constituye uno de los logros menos visibilizados de la negociación. La presencia de la Canciller en Cuba dio réditos.
La internacionalización de la negociación se manifestó en lo pactado en torno a víctimas, estabilidad jurídica y verificación. La apertura hacia lo internacional siempre conlleva algo de pérdida de autonomía del Estado. En este caso se da de manera controlada, limitada, voluntaria y transitoria, y nos beneficia a todos. Las partes valoraron el aporte internacional para potenciar la transición posconflicto, pero continúan firmes al mando de su propio proceso.
La huella internacional en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, aun cuando leve, le da credibilidad. Un comité de escogencia, en el cual se encuentran el Secretario General de la ONU y el Centro Internacional de Justicia Transicional, seleccionará a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, a los miembros de la Comisión de la Verdad y al director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La Jurisdicción Especial para la Paz no tendrá un carácter híbrido al estilo Sierra Leona o Camboya porque deriva de una fuente jurídica nacional y aplicará la legislación colombiana, pero sus tribunales podrán contar con magistrados extranjeros, siempre en número minoritario, si el compareciente así lo solicita. La Comisión podrá tener hasta tres comisionados foráneos de 11. Las cabezas de las entidades del sistema serán colombianas.
La presentación del acuerdo final como uno de tipo especial humanitario, de los descritos en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, muestra una manera innovadora –quizás hasta en exceso– de utilizar un recurso internacional para afianzar la seguridad jurídica en el ámbito nacional. La declaración unilateral que el presidente Santos hará ante Naciones Unidas comprometerá al Estado a respetar lo convenido, si las Farc también lo hacen, y así elevará el acuerdo a una obligación internacional. Ambas acciones ponen en diálogo lo nacional con lo internacional para dar estabilidad jurídica y política.
El mecanismo de verificación está compuesto por tres componentes –Gobierno, Farc y ONU–, y esta última estará a cargo de la coordinación. Los soldados extranjeros estarán desarmados y vestirán de civil. Las partes, desechando la alternativa clásica del mantenimiento de paz, se decantaron por una misión política de la ONU vía Consejo de Seguridad. La resolución que la crea recoge casi palabra por palabra los términos de dejación de armas pactados.
Pero las facultades de esta misión, centradas en la entrega de armas, quedaron demasiado estrechas. En los últimos días de negociación, el Gobierno y las Farc acordaron “solicitar, a través de la Asamblea General, una misión política con el mandato de verificar la reincorporación de las Farc-Ep y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva”, que se iniciará una vez acabe el mandato de la primera.
Un mandato más amplio en la Asamblea General constituye un acierto de María Ángela Holguín; las Farc preferían el Consejo de Seguridad. La Asamblea General, de carácter universal, podrá ser más caótica, pero presenta menos riesgos que el Consejo de Seguridad, que, aun cuando opera en el marco del arreglo pacífico de controversias, actúa como el club de los poderosos.
La paz internacionalizada de La Habana fue diseñada para fortalecer la acción del Estado. Quedó al punto justo.
Laura Gil
Laura Gil
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