Opinión

Si se frena la infraestructura...

Las proyecciones de crecimiento, que hoy bordean un 2 % anual, podrían ser muy inferiores.

07 de abril 2017 , 12:00 a.m.

El debate generado por Odebrecht se ha centrado fundamentalmente en el análisis sobre el atraso de las obras suspendidas y en la discusión sobre las graves responsabilidades de los implicados. Ello, no obstante, ha relegado a un segundo plano un asunto que, hoy por hoy, debería estar discutiendo el país, de forma abierta y honesta: ¿qué le deparará a la economía si se frena en seco la dinámica adquirida por el sector infraestructura?

El interrogante no es producto del azar: surge de los inesperados efectos que han ocasionado dentro del sector financiero los tropiezos sufridos, por un lado, con el tramo II de la Ruta del Sol y, por el otro, con el proyecto de recuperación del río Magdalena.

El temor que desde entonces asalta a los financiadores se resume en el hecho de que sus acreedores puedan incumplir el pago de las obligaciones derivadas de préstamos que solventan los proyectos de infraestructura. No sobra decir que, con el esquema de participación privada, no hay forma de ejecutar a cabalidad las obras sin financiación.

No se trata de un asunto menor. Para nadie es un secreto que actualmente el crecimiento económico del país, tras el desplome de la renta petrolera, depende de la puesta en marcha del plan con el cual el Gobierno busca modernizar la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, y que demanda recursos cercanos a los 60 billones de pesos. Si las prevenciones de la banca no ceden, entonces la economía del país podría verse frente a una ralentización más que inconveniente.

Es difícil atender, sin una infraestructura moderna y eficiente, la dinámica que impone el intercambio comercial desde los centros de producción hasta las costas del Pacífico y el Caribe.

Las proyecciones de crecimiento, que hoy bordean un 2 por ciento anual, podrían ser muy inferiores con una locomotora de la infraestructura detenida. Los índices de desempleo se incrementarían, sin duda, pues tan solo el programa 4G contempla generar alrededor de 400.000 plazas de trabajo.

Pero ahí no se detienen las consecuencias. Los desafíos en materia de competitividad, planteados por los tratados de libre comercio hoy vigentes, se verían seriamente truncados. Es difícil atender, sin una infraestructura moderna y eficiente, la dinámica que impone el intercambio comercial desde los centros de producción hasta las costas del Pacífico y el Caribe.

En los términos más pragmáticos, estamos hablando de un problema de país. De acuerdo con las cifras presentadas por el Ministro de Hacienda en el lanzamiento de la estrategia Colombia Repunta, la inversión del programa 4G significaría 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento del 2017. Con el reciente ajuste a la baja de las proyecciones de este indicador, que pasaron de 2,4 a 2 por ciento, si no se logran los cierres financieros pendientes en las 4G, nos veremos abocados al escenario de un crecimiento de apenas un poco más del 1 por ciento. Este es un riesgo que no debemos correr, sobre todo después de haber llevado tan lejos el plan de modernización de infraestructura de transporte más audaz de los últimos 50 años.

No es el momento de desfallecer. Haberle apostado a la infraestructura como motor de crecimiento fue la decisión correcta. El sector está comprometido con sacar las obras adelante. De ahí la urgencia de que el Gobierno y el Congreso acuerden los ajustes normativos que se requieren para dar tranquilidad a los terceros de buena fe, principalmente los financiadores nacionales e internacionales. Tranquilidad que, valga decirlo, debe traducirse en mecanismos que garanticen los pagos de acreencias a favor de los financiadores.

La última palabra, entonces, la dirán el Gobierno y el Congreso. De sus correctas decisiones dependerá, en buena parte, el futuro económico del país.

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
* Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

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