Opinión

La plata en la recta final

Órganos de control y ciudadanía deben hacer veeduría de platas y gastos de campañas.

30 de abril 2018 , 12:42 a.m.

Son de vértigo las rectas finales de las campañas presidenciales. Los candidatos se desesperan, los controles se relajan, los requerimientos de plata aumentan, los líderes acosan y el tiempo se agota. Entre las últimas semanas de primera vuelta y la segunda vuelta se han metido las platas de los narcos del cartel de Cali, las de Odebrecht, y se han valorizado para luego pasar factura en los gobiernos venideros toda suerte de contratistas criminales, políticos indeseables y extorsionistas profesionales.

Los candidatos se vuelven vulnerables, saben que cada voto cuenta y cada voto cuesta. Con las arcas raspadas, siempre reciben con angustia los reportes apocalípticos sobre las boyantes tesorerías de sus rivales. Sean ciertas o no esas percepciones, las campañas viven con el fantasma de adversarios que están comprando votos o consiguiendo apoyos con dineros “que no se sabe de dónde vienen”.

Y el oportunismo reina. Los donantes-inversores huelen las afugias y saben cómo merodear en las campañas para infiltrar sus platas manchadas. Y los que tienen designios político-criminales, con dineros locales o extranjeros, saben también en qué momento abrir el chorro. El problema de fondo es que cuando ya casi están los tarjetones a la vista, las campañas se convierten no en un espacio de colaboración y apoyo, sino en un objeto de inversión para ser redimida con cuantiosos rendimientos económicos y políticos en el gobierno por venir.

Bien lo dijo 'La Silla Vacía' en su más reciente libro, que me correspondió el gusto de presentar en la Feria del Libro el pasado fin de semana. Se llama ‘El dulce poder’, está ilustrado con un pote de mermelada en la carátula, en su antetítulo se indica “Así funciona la política en Colombia”, y dice: “El que tiene plata para financiar una campaña puede ganar o perder. Pero el que no tiene la plata seguro no gana. Eso lo descubre rápidamente cualquier candidato en campaña”.

En esta elección el proceso de financiación se ha vuelto mucho más complicado, los flujos lícitos de recursos están más secos y, por ende, los candidatos están más expuestos a violaciones de topes con malas platas, ingresos ilícitos de efectivo, circulación de dineros no declarados o simplemente, a donaciones incinerantes que de ser descubiertas pueden llevarse por delante las aspiraciones del candidato o el propio gobierno del presidente electo si el escándalo se descubre después. La Silla Vacía explica por qué:

“Hasta antes del escándalo de Odebrecht había unos patrocinadores grandes y medianos —normalmente contratistas con intereses en el próximo gobierno— que asumían directamente esos gastos: desde los buses hasta los refrigerios, pero, como ante cualquier escándalo la solución más inmediata que se idean los gobernantes en este país es una ley, tras el escándalo de la multinacional brasileña, ahora toca declarar esos gastos. No hacerlo se volvió delito”.

Y sigue: “La financiación de campañas y la corrupción se han vuelto sinónimos en el imaginario colectivo. Y los empresarios reconocidos que por convicción democrática o por el interés de tener al futuro presidente de su lado antes giraban sin problema, ahora lo piensan dos veces. Sobre todo, porque las campañas presidenciales solo pueden ser financiadas por personas naturales, y no por personas jurídicas, lo que obliga al presidente de la empresa que decide hacer la donación a girar un cheque personal y asumir la responsabilidad personal”.

Las lecciones del proceso 8.000 en tiempos de Samper o las de Odebrecht en tiempos de Santos (aunque este asunto aún esté en desarrollo) son muy dolorosas para Colombia e hicieron mucho daño. Colombia no se merece un nuevo escándalo de financiación de campañas presidenciales. Los candidatos tienen la obligación jurídica, ética y política de evitar que esto ocurra. Ojalá todos lo estén haciendo.

JUAN LOZANO

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