Opinión

JEP/Santrich: la fecha y punto

Desmovilizados que delincan: condenas severas fuera de la JEP.

15 de abril 2018 , 10:26 p.m.

Una fecha. Nada más que una fecha. Nada menos que una fecha. Eso es lo que le compete a la JEP en relación con el tenebroso y cinematográfico narcoescándalo en el que terminó envuelto el desmovilizado guerrillero, agudo tuitero, diestro bailarín y versátil dibujante Jesús Santrich, electo representante a la cámara gracias a las curules que les concedieron a las Farc en los acuerdos de paz.

La responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque el mandato de referirse a una fecha sea tan simple, resulta colosal porque esa es la prueba de fuego para que podamos saber si se aplicará la decisión categórica de excluir de la generosa bolsa de beneficios a los reinsertados reincidentes, acompañada de la consecuencia necesaria de sustraerlos de las penas benévolas de la JEP para aplicarles las penas severas derivadas de la jurisdicción ordinaria.

Más allá de las opiniones que cada cual tenga sobre los acuerdos de paz, hay consenso nacional en un punto: quienes ya desmovilizados cometan delitos no deben tener beneficio judicial ni tratamiento favorable. El tratamiento que reciban del Estado no puede ser el que corresponde a los desmovilizados, sino el que merecen los narcos. Y la señal provendrá de la decisión que adopte la JEP.

Algunos dicen que a la JEP le apareció un problema. Yo, por el contrario, creo que tiene en el caso Santrich una oportunidad para proceder con celeridad y contundencia dentro del marco de sus competencias y demostrar que no es, como algunos le endilgan, una costosa jurisdicción proguerrilla ni mucho menos una justicia especial para prodigar impunidad a narcocriminales.

Y es ahí cuando el debate dejará de ser especulativo. Por sus hechos los conoceréis. Su presidenta, Patricia Linares, es una mujer seria, serena, con expresión de magistrada y quien ya dio unos primeros pasos adecuados advirtiendo que la falta del reglamento especial de ley para el funcionamiento de la JEP no es un obstáculo para poder avanzar en el proceso. Ella tiene razón.

Pero no tienen razón quienes ya le están reclamando porque no ha certificado la cacareada fecha. Las pruebas conocidas ya por la opinión pública lucen contundentes y dan cuenta de hechos nuevos, negociaciones nuevas y embarques nuevos posteriores a diciembre de 2016, derivados de actividades que se llevaron a cabo entre los meses finales del 2017 y los primeros del 2018. Pero el proceso no ha llegado a la JEP, y, por ende, no puede pronunciarse.

La pieza reina en el proceso ante la JEP ha de ser la solicitud de extradición que envíe Estados Unidos con fundamento en el ‘indictment’ de Nueva York. Y esa solicitud hablará por sí sola. Si la fecha de los hechos criminales referida en ese proceso corresponde a finales del 2017 y comienzos del 2018, la JEP habrá de certificarlo para que se inicie el trámite ordinario sin más perendengues ni dilaciones.

Una vez eso ocurra, el proceso debe seguir su curso en la Corte Suprema para que luego se remita al Presidente, quien tiene la potestad discrecional de conceder o no conceder la extradición. Juan Manuel Santos ha dicho que “no le temblará la mano”, lo cual es notable como aseveración, aunque desde ya sea bastante improbable que podamos saber si efectivamente le tembló la mano, pues difícilmente el caso llegará a su despacho antes del 7 de agosto. Como bien se recordará, el procedimiento cuidadoso desplegado por la Fiscalía se produjo con soporte en la circular roja de Interpol.

Ahora, paso a paso, se debe cumplir, con plenitud de garantías para Santrich, asociadas con el debido proceso. La DEA ha insistido en la contundencia de las pruebas. La cúpula de la Farc insiste en la falsedad de esta historia, en la que aparecen involucrados carteles mexicanos y el intrépido sobrino de un miembro de esa cúpula. Y los colombianos, agobiados por el crecimiento del narcotráfico, esperamos que el que la haga la pague.

JUAN LOZANO

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