Opinión

A propósito del partido de las Farc

No me opongo a que surja ese partido. Pero que cumplan sus compromisos.

28 de agosto 2017 , 12:53 a.m.

Que conste que a mí, en principio, me parece buena noticia que las Farc quieran conformar un partido político en vez de seguir matando colombianos, narcotraficando, en la minería ilegal y reclutando menores. Y que conste, también, que me parece sensato que se les brinden oportunidades razonables de participación política. Basta ver los rostros de la inmensa mayoría de los muchachos que estaban en las Farc y que ahora se han desmovilizado para entender que merecen una segunda oportunidad de vida.

Pero sin antes haberse sometido a la justicia, las personas responsables de crímenes de lesa humanidad no deberían estar haciendo política, burlándose de la Constitución de Colombia, de los tratados internacionales, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, de los mismos acuerdos de paz y de la palabra tantas veces comprometida y tantas veces incumplida de Juan Manuel Santos.

No comparto que ese proceso habilite por igual a quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad y a quienes no lo son antes de que pasen por la justicia. La decisión categórica de la humanidad al aprobar el Estatuto de Roma fue identificar unas conductas tan abominables, tan atroces, tan crueles, tan sanguinarias, que sus autores no quedaran en la impunidad en ningún rincón de la tierra.

Mediante una serie de recovecos jurídicos, tanto los acuerdos negados por el pueblo colombiano como los del teatro Colón, asumiendo que fueran distintos, pretendieron hacer un esguince al Estatuto de Roma. Aun si aceptáramos que no se vulneró el Estatuto de Roma con la sofisticada sucesión de parágrafos e incisos que tan esmeradamente redactaron, la participación en política estaba condicionada al sometimiento a la justicia. ¿A cuál justicia? A la creada a la medida de los negociadores y con las reglas que quisieron imponer en la JEP. Pues bien, ni siquiera eso se cumplió, pues la JEP no opera aún.

No me opongo al partido político de las Farc, insisto. Y acato con abnegación republicana algunos fallos de la Corte Constitucional que no comparto. Pero pido, eso sí, que para acceder a los generosísimos beneficios que les concedieron, cumplan con las obligaciones a su cargo, entendidas como condiciones previas a la habilitación política. Y no es solo que opere la JEP.

Es que regresen todos los niños secuestrados; que entreguen la información conducente a desmontar el imperio de drogas y cultivos ilícitos en el que convirtieron a Colombia durante el gobierno Santos; es que desmonten los emporios de minería criminal; es que le entreguen a nuestro aturdido Mindefensa la información necesaria para enfrentar las disidencias, ‘bacrim’ y narcoestructuras que están operando en sus territorios; es que entreguen todos sus bienes, y no me voy a detener en la anécdota de un exprimidor de naranjas o una operación de pene que son, finalmente, lo de menos porque lo demás es la reparación de las víctimas.

Hasta que esas condiciones no se cumplan, el Estado no debería girar ni un peso para el nuevo partido de las Farc. Como tampoco debería girárselo a ninguno de los partidos que hoy tienen personería si no cumplen con sus compromisos. Y deberían preocuparse Gobierno y Farc, porque el nuevo partido no sea una mala extensión de este modelo político que hoy devora a Colombia entre clientelas, serruchos, ‘mermelada’ y corrupción.

Si de verdad quisieran ampliar la democracia y limpiar la política, en vez de esa reforma maluca y regresiva que presentaron, que solo contribuirá a cerrar más la política y volverla más pestilente, deberían apostarle a brindar las mismas oportunidades que les están dando a las Farc, con los mismos incentivos de participación y los mismos recursos a nuevos partidos políticos que se pudieran formar por gentes con ánimo de servirle a Colombia y que nunca en la vida han asesinado, secuestrado, extorsionado ni narcotraficado para defender sus ideas.

JUAN LOZANO

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