Opinión

Uribe da cátedra sobre impunidad

Cuando es Uribe quien supuestamente defiende los derechos de las víctimas, toda crítica a este deficiente acuerdo se expone a ser desestimada como una táctica de hipocresía oportunista.

16 de agosto 2016 , 08:41 p.m.

Algunas encuestas recientes sugieren que el presidente Santos podría perder el plebiscito para la refrendación del acuerdo de paz con las Farc. Si eso ocurriera, sería en buena medida debido a la campaña del expresidente Álvaro Uribe, quien se ha convertido en el más acérrimo crítico del proceso de paz y ha argumentado –entre otras cosas– que el acuerdo no garantizará justicia para las víctimas de crímenes atroces cometidos por las guerrillas.

Esta situación es lamentable. Primero, porque Uribe tiene algo de razón: el acuerdo permitirá que comandantes de las Farc eludan su responsabilidad por las numerosas atrocidades que cometieron. Pero además porque –dado su récord en derechos humanos– Uribe probablemente sea la persona menos indicada para defender la causa de la justicia en Colombia.

Miles de víctimas han sufrido los abusos sistemáticos de las Farc. Su líder, ‘Timochenko’, ha sido condenado en al menos 10 casos por delitos que incluyen el reclutamiento de niños, atentados terroristas, secuestros y homicidios.
Sin embargo, el acuerdo permitiría que él y los miembros de la guerrilla bajo su mando puedan evitar cumplir siquiera un día en prisión si confiesan los crímenes de guerra en los que estuvieron implicados. En lugar de ello, estarían sujetos a restricciones mínimas y breves de ciertos derechos mientras participan en proyectos de servicio a la comunidad.

Además, el acuerdo contiene una definición de “responsabilidad de mando” –un principio clave del Derecho Internacional Humanitario– que podría utilizarse indebidamente para permitir que comandantes de las Farc eludan cualquier responsabilidad por los crímenes cometidos por los subalternos bajo su control.

Pero cuando es Uribe quien supuestamente defiende los derechos de las víctimas, toda crítica a este deficiente acuerdo se expone a ser desestimada como una táctica de hipocresía oportunista. Al fin y al cabo, durante su gobierno (2002-2010) brigadas del Ejército asesinaron de manera sistemática a miles de civiles para reportarlos como enemigos muertos en combate, en lo que se ha conocido como casos de ‘falsos positivos’. Como senador, Uribe recientemente presentó un proyecto de ley que hubiera permitido liberar anticipadamente a miembros del Ejército condenados por estos delitos.

Como presidente, Uribe también negoció un acuerdo de ‘paz’ con los líderes de organizaciones paramilitares responsables de atrocidades masivas que, de no ser por la intervención de la Corte Constitucional, habría garantizado su plena impunidad. Ese acuerdo se parecía en aspectos claves al que ha negociado el actual gobierno con las Farc.

Lo que Uribe no menciona –y a menudo queda fuera del debate– es que el acuerdo con las Farc también favorecerá la impunidad de miembros de la Fuerza Pública, incluidos muchos de los responsables de casos de ‘falsos positivos’. También podría beneficiar a los paramilitares que Uribe intentó eximir de castigo hace más de una década.

Cuando el presidente Santos asumió en el 2010, muchos temieron que su gobierno continuaría el deterioro del Estado de derecho que había impulsado el gobierno de Uribe. Al fin y al cabo, Santos se había desempeñado como Ministro de Defensa de Uribe. Sin embargo, Santos se distanció de Uribe y rechazó muchas de las políticas más cuestionables de su predecesor, incluido su manifiesto desprecio por la independencia judicial.

Pero a menos que Santos corrija las más graves deficiencias del acuerdo con las Farc, pasará a la historia como el presidente que hizo posible lo que Uribe intentó pero no logró: legitimar la impunidad de las mayores atrocidades cometidas en Colombia mediante una creativa fachada de justicia.

José Miguel Vivanco
* Director para las Américas de Human Rights Watch

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