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Gobernanza forestal vs. deforestación

El Gobierno hace ingentes esfuerzos en este campo. No obstante, podrían resultar infructuosos.

José Miguel Orozco Muñoz
Las cifras recientemente divulgadas sobre la deforestación ocurrida en Colombia durante el 2016 registran un muy preocupante aumento del 44 % en comparación con el 2015, al pasar de 124.035 a 178.597 hectáreas. Estos datos parecen confirmar la hipótesis-alerta que desde el 2013 fuera planteada en varias oportunidades desde esta columna, en el sentido de que en el posconflicto podría incrementarse la destrucción de los bosques.

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Cuando, hace más de tres décadas, el Inderena, entonces la entidad rectora del medioambiente en el país, daba a conocer las primeras cifras sobre deforestación, sus estimaciones se basaron en la comparación de mapas de bosques elaborados con una diferencia de casi veinte años, de manera que el promedio anual así calculado apenas era un indicio de su magnitud.
En la actualidad, gracias a la destacada labor del Ideam y a la moderna tecnología utilizada por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de esa entidad, los datos sobre la deforestación se conocen casi en tiempo real y con alto nivel de precisión.
Pero la verdadera importancia de estos notables avances técnicos reside en que las entidades responsables utilicen esa información para planificar y emprender con mayor agilidad y efectividad las acciones orientadas a contrarrestar este problema. Lamentablemente, el incremento en las cifras muestra que esto aún no está sucediendo.
Que en el nuevo estudio se haya establecido que no ha ocurrido deforestación significativa en 5 km a la redonda de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) no indica que en el resto de áreas el inicio del posconflicto no esté en la raíz del aumento del fenómeno. De hecho, entre los resultados llama la atención el surgimiento del “acaparamiento de tierras” como “nuevo” factor causante de deforestación. Y no solo eso. Se constituye en el factor de mayor incidencia, con un 45 %.
De allí la necesidad de que en la nueva legislación sobre tierras se establezcan disposiciones que prohíban taxativamente la titulación de predios en donde se ha deforestado con esa finalidad. Pero habría que predicar con el ejemplo en el acatamiento de la legalidad: Minambiente no puede seguir aprobando sustracciones de las zonas de reserva forestal (ZRF) con fines de titulación en áreas que claramente carecen de vocación agropecuaria. La medida anunciada por el ministro Luis Gilberto Murillo de posibilitar legalmente pequeñas titulaciones en las ZRF, en cambio, sí parece ir en la dirección correcta.
Reducir la deforestación implica, en el posconflicto, brindar a través del manejo forestal sostenible (MFS) una verdadera oportunidad de desarrollo para muchas de las comunidades que habitan en áreas forestales. Mientras se anuncian más y más metas de declarar nuevas áreas protegidas, más se echa de menos la adopción de alguna meta de superficie por alcanzar bajo MFS. Como también hasta ahora se echa de menos el establecimiento de incentivos para el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
No puede desconocerse que el Gobierno Nacional, bajo la coordinación de Minambiente, hace ingentes esfuerzos en este campo, ahora articulados en la ‘Estrategia integral de control de la deforestación’. No obstante, podrían resultar infructuosos si no se hace de la gobernanza forestal el fundamento que oriente la necesaria, inaplazable y profunda transformación que se requiere en aspectos estructurales de la gestión: política forestal, ley forestal, espacios formales de participación, incentivos y administración forestal pública idónea y eficaz.
JOSÉ MIGUEL OROZCO MUÑOZ
Profesor de Política Forestal y Gobernanza Forestal, Universidad Distrital
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José Miguel Orozco Muñoz
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