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¿Cómo reducir la criminalidad?

El desafío es la impunidad y la ineficacia del sistema penal para procesar a los ofensores.

La pregunta más importante de la criminología reaparece cuando la sociedad enfrenta el horror de la crueldad humana extrema. Desde luego que el brutal asesinato de la pequeña Yuliana Andrea Samboní es un delito atroz e indignante, que demanda una reacción vigorosa de la sociedad y ejemplarizante por parte del sistema penal; sin embargo, esta reacción no debe llevarnos a caer en el populismo punitivo (para una definición del concepto, ver esta columna), una forma de estupidez que riñe con la evidencia científica y no podemos permitirnos en pleno siglo XXI.
Si con cadena perpetua y pena de muerte se acabara la criminalidad, la solución definitiva al problema sería fácil: bastaría con cambiar algunas palabras en el Código Penal. Pero el desafío real es la impunidad, la ineficacia del sistema penal para procesar a los ofensores y aplicar las penas existentes, que ya son bastante drásticas.
La evidencia empírica sobre la inutilidad de la pena de muerte para reducir el crimen es contundente. La conclusión general de la mayoría de estudios es que por lo infrecuente no tiene incidencia en la caída del crimen, porque carece del efecto intimidatorio esperado por sus promotores.
El grueso de la literatura muestra que la duración de la pena de prisión tiene un efecto disuasivo solo hasta cierto umbral, más allá del cual no hay impacto alguno en el comportamiento criminal (y las penas privativas de la libertad en Colombia ya son suficientemente largas). Incluso, extender demasiado las penas aumenta la tasa de reincidencia en un 3 %, con lo cual se verifica la hipótesis de que las prisiones son “escuelas del crimen”.
Esto significa que apelar a penas de prisión largas debe reservarse para propósitos de retribución y eventualmente para la incapacitación selectiva de los agresores más peligrosos para la sociedad. En el caso de violadores de niños tiene sentido que la pena equivalga a una prisión perpetua, como ocurre en el caso de Rafael Uribe Noguera, el presunto asesino y violador de Yuliana Andrea y quien podría recibir hasta 60 años de cárcel, los cuales, incluyendo las rebajas por trabajo y estudio, seguirían manteniéndolo aislado de por vida, dado que el sujeto tiene casi 40 años.
En suma, revivir la discusión medieval de si la pena de muerte y la cadena perpetua son la solución al crimen es un desperdicio de tiempo que nos distrae del debate importante sobre cuáles son las medidas realmente eficaces para combatir el delito en el corto y largo plazos.
En el corto plazo, la urgencia es luchar contra la impunidad, que es el verdadero cáncer. La certeza e inminencia del castigo son los factores más efectivos para disuadir al potencial criminal. Por eso hay que enfrentar con decisión la corrupción que corroe al sistema, tanto entre funcionarios judiciales que se venden como entre abogados que los compran, siempre con base en criterios de exclusión social (a mayor ingreso, menor probabilidad de ser judicializado y condenado).
Pero también debemos innovar e implementar reformas de largo plazo con enfoque preventivo más que represivo. Por ejemplo, una medida eficaz para disminuir la criminalidad en la siguiente generación es el aborto libre, su plena legalización. Estados Unidos experimentó una caída sustancial en la tasa de criminalidad durante los años 90, gracias a que la Corte Suprema federal legalizó el aborto en 1973 (en los cinco estados federados que lo habían hecho con anterioridad, Nueva York, California, Washington, Alaska y Hawái, ya se había obtenido el mismo beneficio).
La legalización del aborto es la medida más eficaz de prevención a largo plazo porque la maternidad no deseada es la semilla del delito. Los hijos no deseados tienen una probabilidad mucho más alta de fracasar en el proceso básico de socialización y, por ende, no hay mayor multiplicador del crimen que obligar a las mujeres a reproducirse. La correlación que existe entre pobreza, baja escolaridad, embarazo adolescente y futura inclinación al delito de los niños no deseados refuerza el principal círculo vicioso que hay que romper para reducir la criminalidad.
Circulan por estos días muchos lugares comunes falsos, como que “nuestra sociedad está enferma”. Tristemente, los crímenes atroces ocurren en todas las sociedades (un porcentaje de la población mundial que se estima en 2 % tiene personalidad psicopática extrema y por tanto es casi insensible a la amenaza represiva). No es que la sociedad colombiana esté particularmente enferma, sino que tenemos un sistema penal con una escandalosa tasa de impunidad que invita al delito. El comportamiento humano en general –y el criminal no es la excepción– es un asunto de incentivos y las reformas idóneas para modelarlo están a la mano. Atacar también las causas y no solo los efectos del fenómeno debe ser la prioridad de cualquier política criminal seria.
JOSÉ FERNANDO FLÓREZ
Abogado y politólogo
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