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¿Colombia, descertificada por EE. UU.?

Esta amenaza de descertificación no se debe tomar a la ligera, una decisión tendría consecuencias.

Jorge Bustamante
Estoy convencido de que EE. UU. no descertificará a Colombia, pues sería un error estratégico enorme y hasta ingenuo, pero no se pueden tomar las duras advertencias del presidente Trump y del saliente exembajador en Colombia y secretario adjunto de Estado de EE. UU. para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, ante el Senado norteamericano, como meras declaraciones para la galería.
El presidente Trump siempre está hablando de “resultados contundentes”, aproximación pragmática muy del sector privado, en contraposición a la retórica, muy de la usanza de los políticos y de las banana republics. Solo para recordarlo, los resultados son los siguientes: pasamos de 48.000 hectáreas de coca en 2013 (UNODC, julio del 2014) a 146.000 en el 2016 (UNODC, julio del 2017), de acuerdo con el Simci (Sistema y Monitoreo de Cultivos Ilícitos), cifra que debe ser la aceptada por las partes, porque eso fue lo acordado en desarrollo de los recursos recibidos para su erradicación, entre otros gastos, en el contexto del Plan Colombia. No son 188.000 hectáreas, como afirma el Departamento de Estado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Esta amenaza de descertificación no se debe tomar a la ligera, pues una eventual decisión en tal sentido tendría unas consecuencias económicas y políticas graves para el país, en vista de que no solo sería una fuerte presión sobre el Gobierno en su conjunto para disminuir los cultivos ilícitos, sino también una enorme coacción sobre el sector privado, posiblemente más delicada que la misma caída de los precios de los 'commodities'.
Para empezar, recordemos que en 1996, durante la administración Samper, Colombia fue descertificada plenamente, previa “certificación condicionada” el año anterior (léase advertencia). Tal como la certificación fue anunciada ahora, justificándola por las acciones y las labores de la Policía y el Ejército Nacional, pero no por las actuaciones del Gobierno, que se dedicó a atender el proceso de paz. Interprétese como negligencia y permisividad con las Farc, en desarrollo del acuerdo de paz.
Esta diferenciación es muy grave. ¡El Gobierno es uno solo! Ni el presidente Santos ni ningún miembro del Gobierno pueden aceptar un milímetro de esa afirmación, como ya se ha manifestado. Sería como aceptar que hay dos gobiernos. Eso se lo debería decir el presidente Santos a Trump, cara a cara, en la reunión de la semana entrante en Washington. Y, de golpe, la Cancillería, enviar una nota de protesta oficial al Departamento de Estado, antes de la reunión entre presidentes. Ahora parece una “certificación condicionada” a los “resultados contundentes” de la erradicación de un número de hectáreas.
Con respecto a las retaliaciones económicas sobre el sector privado, traigo a colación un caso, entre otras retaliaciones aún más delicadas: Levi Strauss, compañía productora de los 'jeans' Levi’s desde San Francisco, luego de la descertificación de 1996, suspendió el 50 por ciento de las órdenes de pedido a la empresa Proexcon, productora y exportadora de confecciones, ubicada en Dosquebradas, Risaralda: esta empresa, al poco tiempo, recibió otra comunicación que informaba de la suspensión del 50 por ciento restante de los pedidos. “Resultado contundente”: se cerró la empresa. Algo parecido sucedió con Manufacturas Época, empresa socia y aliada de Proexcon en lo de Levi’s.
Esta advertencia de “certificación condicionada” debe ser tomada con toda responsabilidad por el Gobierno. Los gremios, el sector privado y lo que queda de los partidos políticos deben estar atentos con los compromisos adquiridos por el país, al recibir esos fondos de cooperación para la erradicación de los cultivos ilícitos. Con negociación de paz o sin ella, la coyuntura económica no está para asumir estos riesgos.
JORGE BUSTAMANTE R.
Jorge Bustamante
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