Opinión

Volver a la guerra: un paso atrás en la dosis personal

Una cárcel es el lugar menos indicado para que un adicto se rehabilite.

13 de abril 2018 , 12:00 a.m.

Cuando finalmente estábamos avanzando hacia una política de drogas con especial atención en la salud, los derechos humanos y el bienestar del adicto, se reabre el debate sobre la dosis mínima con argumentos represivos y la propuesta de medidas que han resultado discriminatorias y poco efectivas.

El primero en reabrir la discusión fue el Fiscal General, quien criticó las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que protegen el derecho a portar drogas ilícitas, si ellas son para el consumo personal. Lo que critica es contra una reciente sentencia de esta Corte, en la que se considera que la dosis personal no se puede medir en una cantidad determinada, sino que depende de la necesidad del adicto.

Para el jefe del ente acusador, así como para los alcaldes de las principales ciudades del país y algunos medios de comunicación, ese criterio es inadecuado ya que crea una zona gris en la cual se están amparando personas que se dedican al narcomenudeo, haciendo imposible procesarlos. En palabras del Fiscal: “si son 20 papeletas (las incautadas) el malandrín de las drogas dice que son las de la semana; si son 40, que son las de la quincena; si son ochenta, que son las del mes, y si es una tonelada nos dicen que es la del resto de su vida”.

La solución que plantean el Fiscal y los alcaldes, como muchas de las que se proponen en Colombia, es un proyecto para cambiar la ley estableciendo montos específicos o prohibiendo la dosis personal, como si el derecho fuera una varita mágica para resolver todos los problemas. Si lo que dice el Fiscal es cierto, y no se está pudiendo procesar a ningún comercializador de drogas porque se amparan en la dosis personal, lo que hay que cambiar es el criterio de los encargados de judicializar y no la forma para determinar qué es una dosis personal.

Urge que en este debate, así como en las propuestas que se implementen, se deje el populismo punitivo de lado y se apele a la sensatez.

Cuando la Corte Suprema señaló que la dosis personal no debía determinarse por una cantidad, sino por la necesidad del adicto, lo hizo porque se encontraba ante el caso específico de un soldado que tenía una cantidad superior de marihuana a la establecida en la ley como dosis personal. Y, en ese caso, el motivo era que al estar patrullando no tendría acceso a esa sustancia por un determinado periodo. Tenía sentido, entonces, que el adicto portara una cantidad superior, pues de lo contrario no habría podido suplir su enfermedad al no tener acceso a la sustancia.

Si un juez está aplicando esa jurisprudencia a una persona que, como dice el Fiscal, es capturada con una tonelada de una sustancia ilegal porque argumenta que es para el consumo personal por toda su vida, el problema no está en lo dicho por la Corte, sino en el criterio del encargado de aplicar ese precedente judicial. La falla también está en los límites que tienen las autoridades encargadas de investigar y procesar este tipo de conductas, que por la falta de pruebas no logran sustentar bien los casos.

Ahora bien, las falencias y lo límites que tienen las autoridades encargadas de perseguir y juzgar estas conductas no se pueden solucionar con medidas que ponen en riesgo a los consumidores. Primero, porque criminalizarlos causa un daño excesivo e innecesario en los consumidores. Segundo, porque es muy costoso para el Estado tener consumidores en una cárcel. Tercero, porque una cárcel es el lugar menos indicado para que un adicto se rehabilite. Cuarto, porque la condena de un consumidor puede tener consecuencias nefastas en su vida, como problemas en la consecución de un trabajo después de terminar la condena, estigmatización y el rompimiento de lazos familiares, entre otros. Y quinto, porque hay un riesgo de que los consumidores que terminen en la cárcel sean los miembros de poblaciones más vulnerables.

Como lo mostraron en un estudio Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín, aun estando permitida la dosis personal, la Policía ha reprimido el consumo de los habitantes de la calle y jóvenes hombres pobres que portaban dosis dentro de los límites legales; situación que no ha ocurrido con los consumidores de los estratos más altos. Estos abusos también han ocurrido en Estados Unidos, donde la población afroamericana ha sido desproporcionalmente perseguida y criminalizada por el consumo de drogas en relación con los blancos, cuando las estadísticas muestran que el consumo es el mismo entre ambos grupos.

Si el Estado quiere insistir en la judicialización de los traficantes de drogas, medida que ha resultado ineficiente para lograr el principal objetivo de esta guerra (que es disminuir la oferta y la demanda de esas sustancias), debería al menos adoptar medidas adecuadas para que esto se logre, y no ir en contra de un criterio que protege a los adictos y los pone en el centro de la política. Urge que en este debate, así como en las propuestas que se implementen, se deje el populismo punitivo de lado y se apele a la sensatez.

JOAQUÍN VÉLEZ NAVARRO
* Columnista invitado. Abogado de la Universidad de los Andes. 

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