Opinión

Insistir en el fracaso: la política contra las drogas en Colombia

Si la prohibición no logró los fines que buscamos: ¿por qué seguimos insistiendo en este modelo?

11 de julio 2018 , 12:00 a.m.

Colombia y el mundo llevan más de 40 años luchando contra la producción y el consumo de drogas ilícitas. Desde los años 70, cuando Richard Nixon declaró una batalla frontal contra este tipo de sustancias, el mundo entero, presionado principalmente por Estados Unidos, adoptó un modelo de prohibición frente a la producción y el consumo recreacional de drogas. Ese modelo se ha centrado en la represión y criminalización de toda la cadena de producción, comercialización y, en algunos casos, el porte y el consumo.

La prohibición, que en un principio se presentaba como la mejor forma de afrontar un problema que estaba afectando la salud pública en el mundo, no solo buscaba la disminución en la oferta y la demanda de drogas, sino que también tenía intereses políticos concretos. Como lo reconoció John Ehrlichman, asesor de Nixon para asuntos nacionales, en una reciente entrevista para Harper’s Magazine, la campaña de Nixon en el 68 y su posterior administración tenían dos enemigos: “la izquierda antiguerra y los negros”. De acuerdo con Ehrlichman, “nosotros sabíamos que no podíamos volver ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero al lograr asociar a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y después al criminalizar el consumo de estas sustancias, podríamos quebrantar esas dos comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, incursionar en sus casas, boicotear sus reuniones y denigrarlos cada noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo con las drogas? Claro que sí”.

Esta guerra se volvió una prioridad para los americanos. El énfasis, sin embargo, se dio en los países productores a los que se les presionó por combatir este flagelo con todos sus recursos.

Esta guerra se volvió una prioridad para los americanos. El énfasis, sin embargo, se dio en los países productores a los que se les presionó por combatir este flagelo con todos sus recursos. Colombia, al convertirse en uno de los grandes productores de cocaína a nivel mundial desde mediados de los 70, se vio obligado a luchar contra este fenómeno mediante la adopción de políticas represivas como la criminalización de toda la cadena de producción; la utilización de glifosato para la erradicación de cultivos; y la inversión de recursos con el fin de que la producción disminuyera y así el precio aumentara en los mercados internacionales. La ola de violencia como consecuencia de esta lucha se vio reflejada en los 80 y 90 en Colombia, en donde los carteles asesinaron a políticos, jueces, policías y testigos que pusieran en peligro sus intereses y su negocio. El narcotráfico no solo atacó a políticos que lucharon contra el tráfico de sustancias ilícitas, sino también a civiles inocentes, a los cuales él utilizó como mecanismo de presión para lograr intereses políticos concretos: la no extradición, beneficios penales, entre otros.

A pesar de altos costos en términos de vidas y de la inmensa cantidad de recursos invertidos en la represión y en lucha contra las drogas, la guerra parece estar perdida. El pasado 26 de junio salió el último reporte de drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito. Las principales conclusiones del documento no son nada alentadores en cuanto al logro de los objetivos propuestos por el prohibicionismo: disminuir la oferta y el consumo de drogas. De acuerdo con el estudio, el abuso de medicinas prescritas se ha convertido en uno de los mayores riesgos a la salud pública. Por su parte, la producción de opio y cocaína subió a un máximo histórico y los mercados de ambas sustancias crecieron exponencialmente, llegando a su pico en los últimos años. Además, el número de consumidores de cannabis y otras drogas sigue creciendo año a año. Finalmente, las muertes causadas por el uso de drogas se incrementaron en un 60 por ciento entre 2000 y 2015.

Si la prohibición extrema no está logrando los fines que buscamos con esta política, ¿por qué seguimos insistiendo en este modelo? ¿Por qué no exploramos un nuevo camino que nos lleve a lograr los resultados que estamos buscando y que sea menos costoso en términos de vidas y recursos?

A pesar de que la evidencia nos lleva en un sentido, las propuestas del gobierno electo parecen dirigirse en una dirección contraria. La penalización de la dosis personal y el regreso a la erradicación de cultivos ilícitos por medio de la fumigación aérea, ambas propuestas por Duque en su campaña, en vez de buscar nuevas alternativas –que no tienen que ser la legalización absoluta necesariamente– parecen insistir en un modelo obsoleto que no logró los resultados que buscaba, que ha costado mucho y tiene consecuencias nefastas para el medioambiente y la vida de los colombianos.

JOAQUÍN VÉLEZ NAVARRO

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