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Indiferencia frente a la crisis carcelaria

La violación de los derechos humanos son parte del día a día en las prisiones colombianas.

Joaquín Vélez Navarro
En marzo de este año murió un recluso en La Picota tras ser maltratado por los guardias. Ese mismo mes se negó el ingreso de más internos a la cárcel de Villavicencio, por los altos niveles de hacinamiento y por brotes de paperas y varicela dentro de ese centro penitenciario.

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A principios de abril, como consecuencia de la corrupción y falta de personal, se fugaron de las cárceles de Bellavista y La Picota personas condenadas por acceso carnal violento y otros delitos. También en abril, el Defensor del Pueblo pidió que se cerrara la cárcel de Tumaco, que tiene capacidad para 274 personas pero en donde viven 611 internos, por las masivas violaciones de los derechos humanos que ocurren dentro de este penal. Ese mismo funcionario solicitó el año pasado el cierre de otras cuatro cárceles por sus precarias condiciones de infraestructura y los altos niveles de hacinamiento. Durante el primer semestre del año pasado, las personas privadas de su libertad interpusieron 11.131 tutelas para acceder a servicios de salud – que les estaban siendo negados–, y aunque en muchos casos se otorgó el amparo, el 80 por ciento de las sentencias fueron desacatadas por las autoridades encargadas de su cumplimiento. Por lo que en la mayoría de las ocasiones los reclusos no tuvieron acceso a los servicios de salud.
Estos hechos muestran que el hacinamiento, la insalubridad, el maltrato y la violación de los derechos humanos son parte del día a día en las prisiones colombianas. Esta situación es ampliamente conocida y fue advertida por la Corte Constitucional, la cual declaró en 1998 la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la materia y ordenó a las distintas autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para corregir la situación. Veinte años después, el hacinamiento carcelario aumentó –mientras en 1998 la sobrepoblación en las cárceles era del 31 por ciento ahora es del 45%–; los programas de resocialización son prácticamente inexistentes; y todavía no hay una provisión real de servicios públicos en los centros penitenciarios del país.

El sistema como está, en vez de prevenir, fomenta el crimen. La ausencia de programas de resocialización, sumado al ambiente hostil y la falta de control hace que muchos de los reclusos reincidan.

A pesar de la gravedad del asunto, el país y la mayoría de quienes aspiran a gobernarlo siguen indiferentes frente a esta realidad. En los debates presidenciales el tema ha brillado por su ausencia y en las propuestas de los aspirantes a la Casa de Nariño no hay un plan de acción serio para superar esta situación. Solo dos de los candidatos, Fajardo y Petro, reconocen la existencia del problema dentro de sus propuestas y buscan solucionarlo. El programa de Fajardo sobre la materia, aunque ambiguo, es el más completo. El de Petro, por su parte, solo promete solucionar el problema pero no dice cómo lo haría, por lo que parece que esa propuesta se quedaría en el papel.
El resto de quienes aspiran a la presidencia ni siquiera mencionan la situación dentro de sus propuestas, y solo han hablado sobre el tema de manera tangencial en pocas entrevistas. Es grave e inaceptable que estos candidatos se hagan los de la vista gorda frente a esta crisis humanitaria que comporta una masiva y permanente violación de derechos humanos; y que no propongan medidas concretas, adicionales a la solución cortoplacista y simplistas de construir más cárceles, para que esto deje de pasar. No solo porque los presos son personas que tienen derecho a ser tratados como tales, a vivir en condiciones dignas y a tener una segunda oportunidad en la sociedad, sino porque esta crisis nos afecta a todos de distintas maneras.
Menciono solo dos por razones de espacio. Primero, porque el sistema como está, en vez de prevenir, fomenta el crimen. La ausencia de programas de resocialización, sumado al ambiente hostil y la falta de control en las cárceles hace que muchos de los reclusos reincidan o cometan delitos desde los mismos centros penitenciarios; no de forma gratuita el 13 por ciento de los reclusos en Colombia reincide y las cárceles son llamadas las ‘escuelas del crimen’. Segundo, porque la crisis congestiona el sistema judicial. En efecto, debido a la violación de derechos a los reclusos se presentan miles de tutelas que congestionan la justicia.
La crisis carcelaria debe solucionarse lo antes posible. Para eso se requiere que el Gobierno, en cabeza del próximo presidente, presente un plan de acción concreto y viable para superar el problema. Por esto es importante que los actuales candidatos a ocupar ese cargo dejen la apatía frente a este drama humanitario y empiecen a pensar y a tomarse en serio una bomba que está por explotar.
JOAQUÍN VÉLEZ NAVARRO
* Abogado de la Universidad de los Andes.
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