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Nacionalizarlo no es volverlo trizas

Las enmiendas del acuerdo final deben ser una política que comprometa a todos los colombianos.

Jaime Castro
Las serias dificultades que tienen la implementación del acuerdo final y el cumplimiento de las obligaciones que adquirieron sus signatarios llevaron a De la Calle a decir que el Gobierno, la Corte Constitucional, el Congreso, las Farc, Cambio Radical, el Centro Democrático, Germán Vargas, Iván Duque y Álvaro Uribe se “están tirando la paz”. Olvida que esas dificultades tienen origen en las 310 páginas que él mismo, como jefe de delegación oficial, convino con las Farc y llamó “el mejor acuerdo posible”. Igualmente, que el Gobierno y sus plenipotenciarios cometieron errores que ahora salen a flote y es necesario buscarles solución, lo cual no es volver trizas el acuerdo, sino hacerle las reformas que lo mejoren y convengan al país.
En La Habana negociaron con la guerrilla de igual a igual, tal vez porque consideraron que las Farc podían tomarse el poder en cualquier momento, por lo que debían concederles lo que pidieran, cuando “estaban debilitadas militar y políticamente, se habían tenido que replegar hacia sus zonas de retaguardia y sus métodos habían afectado su imagen. Las Fuerzas Armadas, en cambio, estaban dotadas de medios, hombres y tecnologías de guerra que las convirtieron en ejército moderno” (Daniel Pécaut). Por eso, el presidente Santos puede sostener: “En mi gobierno dimos de baja al número 1 y al número 2 de las Farc y a 34 de sus comandantes”, a más de haberlas “diezmado militarmente”.
También hicieron suya una idea de las Farc y de quienes piensan como ellas: tenemos violencia, guerrilla y conflicto armado porque hay pobreza y relaciones sociales inequitativas, sin tener en cuenta que “la violencia no es producto de la pobreza, los pobres no controlan la lucha armada, así en sus grupos haya muchos jóvenes que provengan de medios sumamente pobres... en las zonas cafeteras hubo violencia en época de mucha prosperidad” (Daniel Pécaut).
Equivocaciones como esas explican por qué la negociación demoró cuatro años y concluyó en un documento que, en buena medida, pretende refundar el Estado y la sociedad. Olvidaron igualmente que, según López Michelsen, “la revolución no se hace por decreto”. En este caso se propusieron algo parecido por acuerdo. Claro que estamos en mora de hacer una gran reforma del Estado y grandes cambios sociales, pero respetando nuestras instituciones y reglas de juego democráticas. No por decisión de privilegiados ciudadanos que sesionaron secretamente en el exterior y con el acuerdo les regalaron a las Farc el triunfo político que estas no lograron cuando obtuvieron importantes éxitos militares y territoriales, pero que consiguieron cuando sus condiciones militares no eran las mejores y la correlación de fuerzas había cambiado a favor del Estado.
El nuevo gobierno tendrá que evaluar objetiva y serenamente los primeros resultados del acuerdo y su viabilidad. Es partiendo de ese balance responsable como se le deben hacer las reformas que requiera. No para volverlo trizas, sino para lograr que haya una política de Estado en la materia. En ese nuevo escenario deben intervenir todas las fuerzas políticas, incluidas las de oposición y el partido Farc, como parte interesada. El acuerdo final fue obra de una política de gobierno, pero sus enmiendas deben serlo de una política que comprometa a todos los colombianos por su carácter nacional.
El propio De la Calle reconoce la necesidad de cambiar parte fundamental de lo pactado cuando propone que la no extradición para los delitos de narcotráfico anteriores a la firma del acuerdo se extienda a los que se cometan con posterioridad, pues sus autores deben “ser castigados AQUÍ por sus delitos” por jueces y magistrados nuestros, y no por los de otro Estado.
JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co
Jaime Castro
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