Opinión

¡Manos fuera de la justicia!

El olvido de elementales reglas de moral pública condujo a la politización de la justicia.

04 de septiembre 2017 , 01:39 a.m.

Aunque el Acuerdo que el 26 de octubre de 1810 expidió la Junta Suprema de Santa Fe, que puede considerarse nuestra primera Carta Política, estableció que “el Poder Judicial quedará enteramente separado de la Junta”, todos nuestros ordenamientos constitucionales posteriores dispusieron que el Gobierno y el Congreso intervendrían en la elección de los magistrados de las altas cortes y otros tribunales. Aplicaron así un conocido principio: las ramas del poder público ejercen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado.

Esa es la razón para que siempre se hubiese ordenado que el Poder Ejecutivo, previo acuerdo con la corporación deliberante o con su aprobación posterior, eligiera los tribunales superiores o enviase listas para que los cuerpos colegiados hiciesen los nombramientos. Las asambleas departamentales también estuvieron facultadas para elaborar ternas para los tribunales seccionales. Lo anterior fue recogido en precepto que rigió hasta 1957: los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado eran elegidos por el Congreso de ternas formadas por el Gobierno.

Lo anotado, que constituye réplica de fórmulas comparables que aún rigen en muchas democracias occidentales, seguramente fue válido entre nosotros cuando la política no se había degradado y los magistrados eran integérrimos. Pero el deterioro de la vida política y el olvido de elementales reglas de moral pública condujeron a la politización de la justicia. Los magistrados llegaban al cargo con las deudas de las campañas que habían adelantado ante el Gobierno para que los ternara y ante el Congreso para que los eligiera. Debían cancelarlas durante el ejercicio de sus atribuciones. Que autoridades políticas intervengan en la conformación del Poder Judicial no produce ningún daño en Dinamarca, pero en Cundinamarca es altamente perturbador.

Por eso, el plebiscito de 1957 garantizó la autonomía e independencia orgánicas de la Rama Judicial. Decidió que ninguna instancia política –Gobierno, Congreso o partidos– participe, así sea indirectamente, en la elección de los magistrados de las altas cortes y tribunales. Determinó que las vacantes en la Corte Suprema y el Consejo de Estado fueran “llenadas por la respectiva corporación” (cooptación). Durante su vigencia, de más de 30 años, fue objeto de reparos menores, fáciles de enmendar: que el magistrado que se retiraba no tomara parte en la selección de quien lo sucediera y que se asegurara la elección de candidatos provenientes de la academia y el desempeño de responsabilidades judiciales.

La Constituyente del 91, equivocadamente, acabó con las citadas autonomía e independencia porque creó un pernicioso cordón umbilical entre el Gobierno, el Consejo de la Judicatura, las altas cortes y el manejo de la carrera judicial. Ordenó, en efecto, que el Gobierno enviara las ternas de las que el Congreso elige una de las salas del Consejo de la Judicatura y que este elabore las listas de candidatos para la designación de magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado y otros funcionarios judiciales. Así, la política contaminó tribunales y juzgados, a los que transmitió sus altas dosis de ilegitimidad, que por ello perdieron el respeto y la credibilidad de que gozaban.

La anotada es causa y está en el origen, en buena medida, de la politización de la justicia y las situaciones alarmantes que ahora se denuncian. Capítulo importante de la aplazada reforma judicial tiene que ser, entonces, el que garantice que Gobierno, Congreso, partidos y otras instancias políticas no intervengan, así sea de manera indirecta, en la integración del Poder Judicial y la administración de la carrera judicial.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

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