Opinión

Magistrados intachables

Hechos que nadie esperó pudieran llegar a ocurrir exigen la adopción de normas muy estrictas.

22 de septiembre 2017 , 12:00 a.m.

En parte tienen razón quienes consideran que el vergonzoso entramado de sobornos que golpea a la cúpula judicial no se habría producido ni se repetirá si las autoridades competentes en todos los casos postulan y eligen a personas pulcras y honestas, juristas incorruptibles, entendiendo que a esas dignidades solo deben llegar quienes tengan limpia hoja de vida pública y privada y reciben su designación como reconocimiento a ejemplar desempeño en el mundo del derecho. Tendríamos así magistrados integérrimos, como se decía en otras épocas.

Tienen razón solo en parte, porque a lo anotado debe agregarse la necesidad de contar con severo régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a quienes como magistrados o exmagistrados representan la dignidad de la justicia, institución que importa a toda la sociedad. Ese régimen severo sancionaría a quienes, por desgracia, olvidan sus responsabilidades y obligaciones.

Cuando, en el verano de 1787, los Padres Fundadores aprobaron la Constitución de Filadelfia, uno de ellos dijo que estaban redactando el Estatuto para los buenos presidentes que el pueblo elegiría. A lo mejor pensaba que todos tendrían las calidades de George Washington, a quien muchos tenían en mente como el primer presidente de los Estados Unidos. Sus compañeros respondieron que nadie podía asegurar que la ciudadanía siempre acertara en la escogencia de los funcionarios que eligiera, por lo que convenía pensar en los que abusaran de sus poderes, a más de que no siempre era válido confiar en la naturaleza humana. Por ello dispusieron en la Carta que elaboraron: “El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles pueden ser destituidos y acusados (mediante el famoso impeachment) y condenados por traición, corrupción y otros delitos”.

Los exmagistrados deben quedar inhabilitados para ejercer la profesión ante cualquier tribunal o juzgado, durante tiempo igual al de su magistratura

Todas las constituciones del mundo y estatutos comparables han reglamentado este tipo de situaciones. Ante la generalizada descomposición de nuestra vida pública, deberíamos hacerlo para todos los servidores del Estado, pero, como el Congreso empezó a ocuparse, improvisadamente, sobre la investigación, acusación y sanción de los magistrados de las altas cortes, las propuestas que siguen solo se refieren a ellos.

Conviene disponer, en primer lugar, que ninguno de los familiares cercanos de dichos magistrados, durante el tiempo que estos permanezcan en el cargo, podrá celebrar contratos con el Estado, ni ocupar empleos públicos no provistos por el procedimiento de una de las carreras que establezca la ley.

Esta prohibición también debe regir, por tiempo igual al que se desempeñaron como magistrados, para los exmagistrados y sus familiares próximos, entre los que deben incluirse, como en el caso anterior, los cónyuges y compañeros o compañeras permanentes.

Los exmagistrados deben quedar inhabilitados para ejercer la profesión ante cualquier tribunal o juzgado, durante tiempo igual al de su magistratura. La investigación, la cátedra universitaria y la publicación de libros deberán ser las ocupaciones de quienes decidan continuar activos después de su desempeño en una de las cortes.

Acreditar los requisitos y las calidades que ordenan la Constitución y la ley no puede ser condición suficiente para acceder a investidura que debe ser ejemplo para todos los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Hechos y situaciones que nadie esperó pudieran llegar a ocurrir exigen la adopción, entre otras medidas, de normas tan estrictas como las que se acaban de sugerir. Como los cargos referidos no son de forzosa aceptación, quienes aspiren a ellos deben decidir si de verdad esa es su vocación, después de valorar el exigente régimen al que se someterían voluntariamente.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

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