Opinión

¿Cooptarán el órgano que debe controlarlos?

La última palabra la dirán los senadores con los nombramientos que hagan.

30 de abril 2017 , 04:22 a.m.

Con mayor razón, debe garantizar neutralidad e imparcialidad cuando decide la constitucionalidad de actos expedidos conforme a procedimiento excepcional y por autoridad no titular del Poder Legislativo. Nunca antes nuestros tribunales constitucionales habían tenido que estudiar decisiones que desconocen o pueden desconocer postulados del Estado de derecho y la institucionalidad democrática, el respeto a las reglas de juego y al gobierno de leyes, no de hombres.

La Corte aceptó que se cambiaran las leyes que regulan el referendo y el plebiscito para que se aprobara en las urnas el documento negociado en Cuba. También, que el Congreso solo se ocupe de los proyectos que presente el Gobierno, no pueda reformarlos sin el visto bueno del Ejecutivo y los tramite conforme a procedimiento que vuelve más fácil reformar un reglamento de propiedad horizontal que la Constitución. Y decidió que la refrendación popular ordenada para que rigieran el ‘fast track’ y la ley habilitante podía hacerla el Congreso mediante elemental proposición. Con estas determinaciones suyas, a sabiendas o sin que esa fuera su intención, la Corte se sintonizó con los intereses del Gobierno y sus apoyos en el Capitolio.

Como las 310 páginas del Acuerdo Final fueron incorporadas a la Constitución y su espíritu, principios, compromisos y textos deben ser objeto de nuevas normas constitucionales o legales, ese nuevo y copioso ordenamiento jurídico e institucional debe ser rigurosamente calificado por tribunal que no dé lugar a ningún tipo de reparo. Por ello importa, en grado sumo, la elección de los cuatro nuevos magistrados de la Corte Constitucional que suman el 40 por ciento de la corporación.

Como el Gobierno es parte del Acuerdo Final y para su desarrollo normativo interviene activamente ante las cámaras, varios exmagistrados de las altas cortes, exconstituyentes y exministros solicitaron que de las ternas que se envíen al Senado para la elección de nuevos magistrados no hagan parte quienes sean o hayan sido funcionarios, asesores o contratistas del gobierno Santos. Por razones de moral y transparencia públicas, su petición va más allá de lo que prevén la Constitución y la ley. Evita que decisiones de la Corte puedan ser cuestionadas porque, a juicio de la opinión, obedecieron a solidaridad de algunos de sus magistrados para con el Gobierno del que hicieron parte. Agregaron que esa prohibición debería ordenarse por ley.

En las ternas que elaboró el Gobierno, incluyó a dos de sus exsecretarios en la Casa de Nariño. De la Corte ya hacen parte otros dos cercanos colaboradores suyos. La Corte Suprema no ha definido aún la lista de sus candidatos. La última palabra la dirán los senadores con los nombramientos que hagan. ¿Procederán “consultando la justicia y el bien común”, como manda la Constitución, o le inocularán más dosis de ilegitimidad al ordenamiento institucional? ¿El blindaje del Acuerdo Final también lo pretenden con magistrados incondicionales? ¿Buscan ‘amarrar’ al nuevo gobierno y al nuevo Congreso?

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

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