Opinión

Refundar o refundir la guerra

Disidencias buscan presionar a comunidades para que se opongan a erradicación de cultivos ilícitos.

29 de julio 2018 , 12:35 a.m.

En los últimos días se ha dicho que las disidencias de las Farc piensan refundarse como grupo armado para confrontar militarmente al Estado, y, en esta misma línea, el general retirado Leonardo Barrero dijo que había que prepararse porque la guerra iba a volver, lo que preocupó a muchos colombianos, en particular a quienes han sufrido de manera directa el conflicto armado.

La idea de reagrupar las Farc como grupo armado con principios políticos, comandado por ‘Gentil Duarte’ y otros líderes de las disidencias, no pasa de ser un camuflaje para ocultar el verdadero interés de quienes no se desmovilizaron, cual es manejar parte del negocio del narcotráfico y la minería ilegal, como una estructura criminal de orden nacional, para responder a las demandas de estos productos por otros grupos criminales nacionales e internacionales, como los carteles mexicanos y brasileños.

Desde luego, no se pueden desconocer la formación militar de las disidencias, el número de miembros, que puede crecer; el armamento que poseen y el que pueden conseguir con los cuantiosos recursos del narcotráfico ni las alianzas que pueden lograr. Pero de ahí a considerar que lleguen a ser otra vez una organización político-militar y reconocida como tal hay mucho trecho. Lo que sí puede suceder, si el Estado no hace lo que le corresponde en materia de seguridad, es que ‘Gentil Duarte’ se convierta en otro gran capo del narcotráfico con estructura armada. Iguales características e intereses tienen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el ‘clan del Golfo’ y el Epl o ‘los Pelusos’, que son narcotraficantes purasangre que buscan reconocimiento político del Estado para un posible diálogo y desmovilización.

Las disidencias lo que buscan, además de tener control sobre los negocios ilegales, es presionar a las comunidades organizadas para que se opongan a la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos y, además, les presten seguridad, como sucede con el ‘clan del Golfo’ en el noroccidente del país.

Aquí, el Estado no se puede equivocar; hoy se está mayoritariamente ante organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios ilícitos; inclusive, el Eln, que está dialogando con el Gobierno, hoy forma parte de la disputa violenta entre bandas criminales y disidencias por el control de esos negocios. Es decir, se está ante un problema predominante de seguridad ciudadana antes que de conflicto armado generalizado. En el caso del Eln, ojalá la mesa de diálogo se mantuviera y prosperara durante el próximo gobierno; de lo contrario, el Estado tiene la obligación de enfrentarlo con toda la capacidad coercitiva, hasta que no le quede otra salida que negociar en serio.

Pasar del conflicto armado y del orden público, que ha marcado la seguridad en los últimos 60 años, a la seguridad ciudadana supone un esfuerzo grande de la Policía, sobre todo a nivel rural, no solo para copar los territorios dejados por las Farc y recuperados del poder de los delincuentes, sino para permanecer por siempre en ellos y trabajar con las comunidades.

Supone también, en municipios que han sufrido el conflicto armado, profundizar la intervención integral del Estado en temas de desarrollo social y económico, con amplia participación de las comunidades organizadas, sin estigmatizarlas porque sobrevivieron en zonas controladas por las antiguas Farc o por bandas criminales.

Finalmente, supone el esfuerzo conjunto de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía, como se está haciendo contra el ‘clan del Golfo’, contra las demás bandas criminales, disidencias y Eln en Catatumbo, Nariño, Putumayo y Cauca, región oriental y una parte del bajo Cauca y sur de Bolívar. Ojalá antes que refundar la guerra, quienes así lo pretenden mejor la refundan para siempre.

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