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México se colombianizó, Colombia se pacificó

Hay que valorar en justa dimensión el proceso de paz con las Farc y el que se adelanta con el Eln.

En la primera década de este siglo se hizo popular en México el término ‘colombianización’ para referirse al incremento de la violencia del narcotráfico. En 2010, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton comparó la situación de violencia de México con la que registró Colombia en las últimas dos décadas del siglo pasado y los primeros años de este, y Carlos Fuentes habló en 2012 de “colombianización” al reconocer el poder y la influencia política de los narcotraficantes en su país.
Mientras que en México la violencia política y social campea en medio del proceso electoral, como sucedía hace algunos años en Colombia, en nuestro país, después de terminados los procesos electorales de 2018, se puede asegurar que fueron los más pacíficos de los últimos setenta años y posiblemente de toda la historia. Sin temor a equivocarse, esto es el resultado del proceso de paz con las Farc, de la acción de las autoridades legítimamente constituidas y de la tregua unilateral del Eln, que se encuentra en proceso de diálogo de paz con el Gobierno Nacional que ojalá se sostenga y prospere.
En México, ‘ad portas’ de elegir presidente, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y legisladores locales, la situación de violencia se asemeja a lo que ocurría en Colombia en los años 80 y 90 del siglo pasado y los primeros años de este.
Según el ‘Cuarto informe de violencia política en México’, presentado por la consultora Etellekt, “durante los primeros 8 meses del proceso electoral se ha contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. Dichas agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal; adicionalmente, 44 familiares de actores políticos también perdieron la vida”.
Mientras que en México, en algunos estados y municipios, los candidatos no pueden realizar actividades políticas, especialmente en la noche, en Colombia ningún partido, agrupación política o candidato puede asegurar que tuvo un territorio vedado para realizar campaña o que el Estado no le garantizó la seguridad requerida en estas elecciones.
Por todo esto hay que valorar en su justa dimensión el proceso de paz con las Farc y el que se adelanta con el Eln. Sin embargo, todavía persisten muchos riesgos de violencia y delincuencia que el próximo gobierno tendrá que abordar con responsabilidad, como es el caso del cumplimiento de los acuerdos y la atención de los desmovilizados, la presencia y el accionar integral del Estado en los territorios dejados por las Farc, hoy copados por bandas criminales y disidencias; el incremento del narcotráfico y otros negocios ilegales que alimentan la violencia en muchos territorios, la inseguridad urbana y el crecimiento y la profesionalización del crimen organizado.
Mientras que México tendrá que encontrar salidas a los problemas de violencia generados especialmente por el narcotráfico y otros negocios ilegales transnacionales, en Colombia estos problemas no son tan distintos, solo que en nuestro caso, atrás está quedando el conflicto armado que por 60 años absorbió gran parte de los recursos y esfuerzos de las instituciones de seguridad y justicia, instituciones que hoy cuentan con mayor experiencia y profesionalismo para enfrentar los retos de un crimen cada vez más estructurado.
Los retos en materia de seguridad en la Colombia de hoy, más que de conflicto armado, son de seguridad ciudadana en las áreas urbanas y rurales, y aquí hay que construir sobre lo construido, con responsabilidad política y social.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ
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