Opinión

¿Los jueces tienen la culpa?

No existen lugares para recluir los detenidos porque las cárceles están hacinadas.

03 de septiembre 2017 , 02:22 a.m.

Autoridades municipales aseguran que la violencia y la delincuencia han aumentado porque la justicia no está cumpliendo con su deber de encarcelar a los delincuentes detenidos por la Policía, algunos de ellos reincidentes y varias veces puestos a disposición de los jueces.

Sin embargo, hay que anotar que esta situación no es solo responsabilidad de los jueces: en no pocos casos no pueden aplicar la medida privativa de la libertad a los delincuentes porque algunos delitos son excarcelables; en otros casos, las pruebas aportadas por la Policía y la Fiscalía son insuficientes o fueron recolectadas de manera irregular; también, porque los ciudadanos víctimas no denunciaron y, finalmente, porque algunos jueces no están interesados en aplicar justicia como se debiera.

A esto hay que agregarle que no existen lugares para recluir los detenidos porque las cárceles están hacinadas y las estaciones de policía y unidades de reacción de la Fiscalía ya no tienen dónde meter más presos.

Esta situación, en la cual los jueces no son los únicos culpables, termina afectando por igual las instituciones de seguridad y justicia. Según la encuesta Gallup de febrero de 2017, la opinión desfavorable de los ciudadanos respecto al sistema judicial colombiano no ha dejado de crecer desde 2009: pasó de 47 % en diciembre de ese año a 82% en 2017.

En relación con la Policía, por primera vez en lo que va corrido de este siglo, desde febrero de 2016 es más alta la opinión desfavorable de los ciudadanos, llegando a 59 % en abril de 2016, y este año se situó en 52 %. Igual situación se presenta con la Fiscalía, que desde agosto de 2014 viene registrando una desfavorabilidad de 56 %, y hoy es de 52 %.

Pero no son solo los resultados de esta encuesta; los programas Cómo Vamos, que trabajan en catorce (14) ciudades del país, reseñan cómo, en promedio, solo el 13 % de los ciudadanos creen que existe una alta probabilidad de que los delitos sean sancionados. Es decir, el 87 % de los ciudadanos no creen que “vaya a haber justicia”; por tanto, hay un alto riesgo para los ciudadanos y altos incentivos para que los delincuentes sigan delinquiendo.

Lo preocupante de esta situación es que estos resultados nadie los cuestiona, pero tampoco nadie pone la cara para responder por ellos.

¿Qué hacer ante el incremento de la inseguridad, especialmente en lo que tiene que ver con los hurtos y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia? Se podrían desarrollar las siguientes acciones de aplicación inmediata:

El Consejo Superior y las seccionales de la Judicatura deben investigar y entregar resultados públicos de los casos en los cuales las autoridades de seguridad tienen evidencias de que algunos jueces favorecieron a los delincuentes.

Hay que profundizar la capacitación de todos los policías en el manejo de la escena del delito y recolección de pruebas; además, fortalecer la investigación criminal.

No todas las ciudades pueden financiar costosos laboratorios de criminalística, pero sí se puede dotar a la Policía y Fiscalía de elementos primarios que les sirvan para realizar esa tarea de mejor manera, como vehículos, motos, computadores, cámaras fotográficas y de video, cinta para aislar la escena de los delitos, bolsas para recoger pruebas, guantes, etc.

Se pueden aplicar medidas intermedias a la privación de la libertad, como la retención transitoria por 24 horas a quienes, además de ponerse en riesgo, afectan la seguridad y convivencia de los ciudadanos con riñas, porte de armas cortopunzantes, violencia bajo efectos de alcohol y drogas, enfrentamientos de pandillas, violencia en contra de mujeres y niños, etc.

El Gobierno Nacional debe poner en ejecución las políticas de prevención de la violencia juvenil y criminal, que están elaboradas y engavetadas. Finalmente, las principales ciudades deben invertir en mejorar su infraestructura carcelaria en coordinación con el Ministerio de Justicia.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

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