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Inseguridad y corrupción

Propuestas para mejorar la seguridad de los ciudadanos se pueden llevar a cabo de manera rápida.

A menos de un año para las elecciones presidenciales, las encuestas se orientan a indagar la intención de voto de los ciudadanos por los distintos candidatos, así como la favorabilidad del Presidente de la República, y en estos temas se centran los medios de comunicación, dejando de lado información valiosa sobre los asuntos que los candidatos deben asumir en sus campañas si quieren “ponerse a tono” con los problemas que más les preocupan a la mayoría de los colombianos.
En los últimos años, las encuestas muestran cómo la inseguridad, el desempleo, la salud y la corrupción son las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos. Por encima del 30 por ciento se destacan la inseguridad y el desempleo y por debajo del 20 por ciento, la salud y la corrupción. Por esto, los datos que presenta la última encuesta de YanHaas no sorprenden, solo ratifican las dolencias que tienen los ciudadanos: 47 por ciento, inseguridad; 45 por ciento, salud; 35 por ciento, desempleo, y 30 por ciento, corrupción.
En materia de seguridad, si bien en el país los homicidios siguen disminuyendo, los hurtos, las extorsiones, las lesiones personales y el irrespeto de las normas que regulan la convivencia de los ciudadanos no han dejado de crecer, situación que se ve agravada por una justicia cada vez más ineficiente y con una baja credibilidad entre los ciudadanos.
Frente a esta situación, la única institución que sale a responder por estos resultados es la Policía; por ningún lado aparecen la Fiscalía; el Consejo Superior de la Judicatura, en representación de los jueces que no imparten pronta justicia; los sistemas de privación de libertad de adultos y de adolescentes, que están colapsados y no están cumpliendo con sus funciones de sancionar y resocializar, y la mayoría de alcaldes y gobernadores, que no asumen sus responsabilidades constitucionales y legales como jefes de policía y responsables de la seguridad en sus jurisdicciones.
Hay que anotar que hoy, el país no cuenta con una política de seguridad ciudadana ni, menos, con una política criminal que involucre a todas las instituciones de seguridad y justicia y contemple programas y acciones de disuasión, prevención de la violencia, resolución dialogada de conflictos y persecución, detención, juzgamiento, condena y resocialización de los adultos y adolescentes que infringen la ley penal.
Seguramente, en lo que resta de este gobierno estas tareas no se hagan, pero sería importante comenzar a asumir algunas otras que pueden contribuir a mejorar la seguridad de los ciudadanos. Para nadie es un secreto que se necesitan más policías para garantizar la seguridad en las ciudades y el área rural, especialmente en los territorios dejados por las Farc. Se ha planteado la necesidad de aumentar entre 30.000 y 50.000 policías; sin embargo, la institución solo tendría la capacidad de formar con buena calidad a 20.000 policías adicionales en diez años.
Ante esta situación, hay que recoger las propuestas de utilizar entre 20.000 y 30.000 militares, que hoy están casi sin labores por la desactivación de una parte importante del conflicto armado, para tareas de seguridad ciudadana, militares que deben ser capacitados y reentrenados para cumplir esta misión y podrían formar parte del grupo de Carabineros de la Policía Nacional, como lo plantean Ariel Ávila en su libro ‘Seguridad y justicia en tiempos de paz’ y, en el documento ‘La Fuerza Pública que requiere el posconflicto’, que elaboró para la FIP, el coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez, quien prefiere que este grupo, reentrenado en seguridad ciudadana, se quede en las Fuerzas Militares.
Estas y otras propuestas para mejorar la seguridad de los ciudadanos se pueden llevar a cabo de manera rápida, como se expone en un artículo que puede consultar en este enlace.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ
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