Opinión

La justicia de Duque y la justicia de Petro

La reforma de la justicia continúa siendo una asignatura pendiente.

15 de junio 2018 , 12:00 a.m.

Reflexión no desactualizada, reiterar que el sistema judicial colombiano es un enfermo que requiere una cirugía a corazón abierto. Redundante, señalar que la sintomatología de los males judiciales se encuentra sobrediagnosticada: congestión, morosidad, impunidad, inseguridad jurídica y marañas de procedimiento. Datos relevantes aportados en la propuesta de justicia de Germán Vargas Lleras constatan este complejo panorama. El tiempo promedio de solución de los procesos judiciales aquí es de 1.288 días. El índice Rule of Law Index del World Justice Project nos ubica en el puesto 70 de efectividad ¿judicial?, ¿entre 113 países? Apenas el 2,3 % de la totalidad de los casos penales son juzgados. Y desde 1991 fueron expedidas cerca de 2.000 leyes.

A pesar de esto, la reforma de la justicia continúa siendo una asignatura pendiente. Lo cual posee una lectura más compleja, al toparnos con que ello repercute en la resolución de conflictos, pero de igual forma sobre otros bastiones institucionales, tales como la legitimidad estatal, el sistema de valores que rige la convivencia y la seguridad jurídica benéfica para la economía. Desde esa perspectiva, resulta absolutamente conducente auscultar las propuestas frente a este entorno de los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro.

Iniciaremos diciendo que el recetario petrista sobre la materia bien puede ser calificado como un simple desiderátum, toda vez que no está soportado en la formulación del conjunto de medios necesarios para ser concretado. Más allá de la evidente menudencia de dicha confección programática, se antoja como apropiado que en sus apartes, el artífice de la Bogotá Humana hubiera incluido su compromiso de acatar fallos judiciales que eventualmente se expidan en su contra. Con ello, el pregonero de la movilización para confrontar decisiones jurídicas –así ellas hubieren sido controvertidas– y el beneficiario de la famosa ‘tutelatón’ –avalancha que derivó en un desquicio jurisdiccional– apaciguaría la incertidumbre de saber qué haría, por ejemplo, si la Corte Constitucional ratifica, frente a una demanda promovida por un viejo aliado del doctor Petro, la legalidad de las disposiciones que inhabilitan a quienes han sido declarados responsables fiscales para que no puedan ejercer funciones públicas hasta que paguen el daño patrimonial cometido; o si el Consejo de Estado declarara la doble militancia, que originaría la inhabilidad electoral de la fórmula vicepresidencial petrista.

Como el candidato Duque lo ha señalado abiertamente, un Estado sin justicia es un Estado inviable.

En la otra orilla marchan las propuestas sobre justicia de Iván Duque. De su prospecto vale la pena analizar dos frentes específicos. El primero, vinculado a la revisión del acuerdo de paz. Advertiremos que el ‘pacto habanero’ original presentaba vacíos, por lo que en buena medida les tocó enmendar la plana a la Corte Constitucional, al Congreso, a la Fiscalía General y a la Procuraduría General. En lo pendiente de ajuste, Duque propone eliminar, en el futuro, que el narcotráfico pueda ser considerado delito conexo del político y la actual compatibilidad, para que los autores de delitos de lesa humanidad puedan participar en política sin purgar previamente sanciones que les imposibiliten tal ejercicio. El segundo aspecto de la propuesta de Duque tiene que ver con el planteamiento de hacer más eficiente y predictible la justicia, lo cual podría ser concretado por medio de una corte única. Tal planteamiento se encuentra condicionado a tres elementos fundamentales, que constituyen claridades que a quienes somos cercanos a la causa judicial nos generan tranquilidad. En primer lugar, tal reforma surgiría de un pacto nacional que previamente la valide; asimismo, se preservarían la jurisdicción constitucional y su acción de tutela; y, por último, dicha iniciativa no supondría la revocatoria de los actuales magistrados.

Como el candidato Duque lo ha señalado abiertamente, un Estado sin justicia es un Estado inviable; no en vano, el primer pilar y la primera raíz de su visión de país, representada por un árbol, son la seguridad y la justicia.


HERNANDO HERRERA MERCADO
* Conjuez de alta corte, integrante de la Corte de Arbitraje y director de posgrado.

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