Opinión

Mandato ético

La dictadura de la corrupción corrompe, copta, doblega a toda oposición. No importan los costos.

20 de septiembre 2017 , 12:00 a.m.

En Colombia, no sabría si por la mala calidad de la enseñanza en la escuela o por el cálculo inveterado de ‘torcer el pescuezo a la ley’, muchos altos funcionarios estatales, de las tres ramas del poder público e instituciones autónomas, viven confundiendo sus responsabilidades, contrariando lo establecido en la letra de las leyes y la Constitución, actuando de manera arbitraria; hacen lo que se les venga en gana, usan los poderes para perseguir a contradictores o beneficiar a sus amigos, familiares y copartidarios, y, apelando a la red de compadrazgo, clientela y complicidad, han fabricado un entramado que hace imposible que se les meta en cintura y, de igual manera y sentido contrario, aceleran decisiones para aporrear a sus contradictores o ayudar a sus amigos.

Ejemplos de la arbitrariedad de los poderes públicos pululan, y varios ya son conocidos por todos: el escándalo de jueces vendiendo sus fallos y negándose a abandonar su cargo de manera voluntaria al haber sido ‘pillados’, con sus familiares, en actividades de corrupción; legisladores que promueven leyes para beneficiar, sin el menor pudor, a sectores privados y determinar cambios en las reglas que faciliten la permanencia en el poder de núcleos políticos y familiares aliados con grupos mafiosos y corruptos, a cambio de prebendas burocráticas; y no menos arbitrario, también conocido por la opinión pública, el zurcido que hacen para copar las instituciones de control disciplinario y fiscal, a fin de, en unas oportunidades, ‘apretar’ funcionarios y obligarlos a que actúen en beneficio de los intereses del dueño de la cuerda y, en otros casos, garrotear a los contradictores para inhabilitarlos o someterlos política y económicamente a los dictámenes de los dueños del poder.

En síntesis, para no hablar de la infiltración de dineros de multinacionales o poderes mafiosos en los procesos electorales, en Colombia no se ha podido derrumbar, ni por medios violentos ni pacíficos, una manera de gobernar perversa, que, sin exagerar, se puede calificar de dictadura de la corrupción.

En Colombia no se ha podido derrumbar, ni por medios violentos ni pacíficos, una manera de gobernar perversa, que se puede calificar de dictadura de la corrupción

La dictadura de la corrupción corrompe, copta, doblega a toda oposición. No importa los costos. Aquí, sin que les tiemble la mano, los poderes oscuros mandan, y cuando no se les obedece, asesinan. No hablaré de los magnicidios de nuestra historia republicana, todos sin excepción, ligados a líderes que se impusieron la tarea de despercudir de toda corrupción y poderes mafiosos el ejercicio del gobierno, promoviendo el tránsito hacia una democracia transparente y cambios sustanciales en la economía, en el tratamiento y preservación de los recursos naturales, e invocando el bienestar para los humildes, para los que las oportunidades les han sido esquivas. Todos, sin excepción, murieron asesinados por la ‘mano invisible de la corrupción’, y aún no han sido esclarecidos esos crímenes.

Por estos días, después de que se desactivó una larga guerra detrás de la cual se mimetizaban malos olores y crímenes corruptos, los escándalos de corrupción han saltado a la luz pública, algunos auspiciados por poderes extranjeros (como el caso del fiscal anticorrupción, que fue puesto en evidencia por los gringos) y otros, los menos, ventilados ante la opinión ciudadana por la dinámica incontrolable y democrática (gracias a Dios) de las redes sociales. “Entre Dios y Google no hay nada oculto”, dicen los muchachos de ahora.

La situación no es de poca monta, a pesar de las cortinas de humo que se fabrican para intentar ocultar el estado de postración ética del país. Los paños de agua tibia promovidos por los poderes infiltrados de nada sirven para extirpar el mal. Corresponde al ciudadano, entonces, hacer uso de la constitucional atribución de soberanía para levantar la realización de un mandato ético que, entre otras urgencias, disuelva los partidos políticos, garajes donde funcionan los laboratorios de la corrupción.

HÉCTOR PINEDA
* Constituyente de 1991

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