Opinión

Juez ordena a parapolíticos devolver dineros

Las tensiones entre un “Estado decente” y un proyecto estatal mafioso adquieren notoriedad.

08 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Después de investigaciones académicas y debates políticos vehementes, la alianza entre políticos, mafias del narcotráfico y grupos paramilitares quedó totalmente al descubierto. Las Cooperativas de Seguridad –'Convivir'–, como se sabe, fue la institucionalidad armada privada que, detrás de la fachada de combatir a la guerrilla, estructuró el proyecto de organización de poder nacional y control territorial de un verdadero “paraestado mafioso”.

Las atrocidades del poder armado ilegal llenaron los espacios de la sociedad. Ejerciendo poder armado, asesinaron contradictores, sometían decisiones ciudadanas, masacraban y despojaron de sus propiedades (expropiación) a familias campesinas y pueblos enteros. El terror armado se extendió por la geografía nacional, reduciendo la presencia del Estado a tres o cuatro capitales territoriales, limitado a sus centros por cuanto que, en la periferia urbana, el verdadero poder lo ejercía el paramilitarismo.

Así pues, a finales de la década de los noventas y principios del dos mil, se inició la expansión del paramilitarismo en la cual, además del control territorial rural y de las periferias urbanas, principió el copamiento sistemático para consolidar el proyecto de Estado paramilitar. Conocidas las alianzas ilegales con el Ejército y la Policía que se estructuraron en la geografía para asesinar, masacrar y generar los éxodos detrás de los cuales se produjo el despojo de propiedades campesinas, legitimados y legalizados por funcionarios al servicio del proyecto armado mafioso. Legiones de notarios “lavaron” la expropiación armada y los nuevos “señores de la tierra” la convirtieron en lo que ahora denominan “adquirientes de buena fe”, entregados a mega proyectos agroindustriales de multinacionales, tierras ociosas para el pastoreo ganadero del lavado de activos ilegales y, por supuesto, apropiación de la tenencia de la tierra, anexadas a las fincas de finqueros y políticos.

El asunto adquirió dimensiones terroríficas. Como muchos otros ejemplos de la historia doméstica e internacional, el “Frankenstein” se salió de madre. De proyecto contrainsurgente de “las cartillas de guerra de baja intensidad”, las iniciales alianzas y compromisos devinieron en contradictores cuando la pretensión de la lucha contrainsurgente rebasó las alambradas para adquirir autonomía y vuelo propio de un proyecto de Estado financiado con los dineros del narcotráfico y soportado por la fuerza de las armas del paramilitarismo. Allí, los Estados Unidos, como sucede casi siempre, puso el grito en el cielo. Políticos sin Visas, comerciantes e industriales en la lista de negocios mal habidos, en fin, hasta presiones internas para desarticular un proyecto inaceptable para los cánones internacionales y, hay que decirlo, con respaldo popular interno.

Entonces, presionados desde afuera y con una creciente dinámica de rechazo interno (recordar los debates de Gustavo Petro), las tensiones entre un proyecto de “Estado decente” y un proyecto estatal mafiosos y arbitrario adquieren notoriedad. La reforma constitucional del 2003 y el 2009, en términos normativos, se resuelve en favor del primero. Se introdujo en el artículo 107 constitucional la modificación que establece la devolución de los recursos públicos percibidos mediante la reposición de votos si los candidatos o elegidos son condenados, aquí o en el exterior, por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico.

Una década después de instaurada una Acción Popular para que se diera aplicación a los ordenado por la Constitución, en defesa de la moralidad y el patrimonio público, el Juez 37 Administrativo profiere la Sentencia en la cual ordena a la Regstraduría y al Consejo Electoral realizar las gestiones para que los parapolíticos condenados y los partidos que los avalaron devuelvan la plata de reposición de votos y salarios devengados. Las Farc están obligadas a devolver bienes mal habidos. ¿Devolverán los dineros y bienes los parapolíticos?

HÉCTOR PINEDA
*Constituyente de 1991

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