Opinión

Lo que no se hizo

Al Estado aún le falta demasiado para imponer sus leyes en muchos territorios y comunidades del país

02 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

La discusión acerca de si el asesinato de líderes sociales se trata de un fenómeno sistemático o frecuente es irrelevante frente a la discusión sobre qué responsabilidad le cabe al Gobierno para evitar que los asesinatos continúen.

Hasta ahora, las medidas tomadas no han surtido mayor efecto. Los comités, planes y directivas presidenciales poco han hecho para reducir la intensidad con que se mata a los líderes sociales. Y pocos resultados obtendrán porque la raíz del problema, y su consiguiente solución definitiva, no se encuentra solo en la protección de las decenas de miles de individuos que de una manera u otra participan en los asuntos públicos de las zonas periféricas.

El problema arranca en que no hubo, desde el mismo momento en que se sabía que el proceso de paz con las Farc era irreversible, una estrategia de gobierno para copar con la Fuerza Pública la mayor cantidad de espacios posibles donde la autoridad no era el Estado. Esa fue la tarea que no se hizo, aunque el fin de las Farc había liberado el grueso del aparato militar y policivo disponible.

La responsabilidad recae en lo básico: en la falta de una iniciativa para proteger a los ciudadanos de la periferia ahora en el posconflicto.

Por eso, las bandas criminales, el Eln y ahora las disidencias de las Farc han podido imponerse a lo largo de tantas regiones, sobre todo donde proliferan economías criminales como la coca y la minería. Al igual que a los líderes sociales, allí matan a cualquiera que se oponga a sus intereses o, para decirlo de modo más prosaico, que se atraviese a las ambiciones de poder, dinero y estatus de quien tenga capacidad de decisión sobre estas máquinas de guerra.

La variedad de los victimarios y las circunstancias de los asesinatos esconden el mismo motivo. Como el gobernador indígena asesinado por el Eln, como tantos reclamantes de tierra, como quienes promovían la sustitución de la coca y como tantos otros líderes sociales, todos murieron porque al Estado aún le falta demasiado para imponer sus leyes en muchos territorios y comunidades del país.

Es lamentable, en ese sentido, que Santos diga que la mayoría de los asesinatos de líderes sociales responden a asuntos personales. Es como si el hecho de que no existiera un plan de eliminación por un sector de élites legales e ilegales, como pasó con la UP, fuera suficiente para exculpar moralmente al Gobierno. La responsabilidad recae en lo básico: en la falta de una iniciativa para proteger a los ciudadanos de la periferia ahora en el posconflicto.

GUSTAVO DUNCAN

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