Opinión

La JEP

¿Por qué apenas se menciona la Justicia Especial para la Paz se piensa en los empresarios?

06 de abril 2017 , 12:00 a.m.

El problema con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es jurídico, es político. La resistencia que causa entre muchos sectores obedece a la percepción de que va a ser una herramienta en manos de la izquierda para perseguir a sectores muy específicos, en particular a los empresarios. Por algo, en una reunión con Sergio Jaramillo surgió la pregunta ¿por qué apenas se menciona la JEP se piensa en los empresarios?

No debería serlo. Muchos otros sectores estuvieron involucrados de manera más explícita con los actores armados y tuvieron mayor responsabilidad en lo ocurrido. Es irónico que personajes sobre los que pesan grandes cuestionamientos por sus vínculos con las Farc sean quienes amenacen a los empresarios con la JEP. Algunos de ellos, incluso, aparecieron en el computador de ‘Raúl Reyes’. Si la JEP va a tener un mínimo de imparcialidad y de credibilidad, deberían ser juzgados. Es más, ya deberían estar haciendo fila para asistir a sus tribunales como si se tratara de una larga cola en Caracas para comprar leche y huevos.

Es irónico que personajes sobre los que pesan grandes cuestionamientos por sus vínculos con las Farc sean quienes amenacen a los empresarios con la JEP.

El centro del debate es el de la financiación. Medio país les pagó en su momento a guerrillas y paramilitares, la gran mayoría por obligación. Pero un sector de la izquierda quiere equiparar el pago a los paramilitares con su perpetración, para de ese modo imponer una visión del conflicto entre el ejército privado de las oligarquías y la guerrilla como el ejército de los pobres.

La realidad es que los grandes ricos de Colombia no les pagaron ni a guerrillas ni a paramilitares. No necesitaban hacerlo. Tenían suficientes medios e influencia para recibir protección del Estado. La guerrilla rara vez los pudo victimizar, quizá tan solo el atentado al club El Nogal y alguno que otro secuestro. A quienes sí les tocó pagar, porque no recibían protección estatal, fue a los empresarios de las regiones. Paradójicamente, estos no han tenido mayor capacidad de lobby con Santos, quien se ha empecinado en tranquilizar a los grandes empresarios del país, precisamente aquellos que no deberían tener problemas con la JEP.

Si se quiere legitimar la JEP, una herramienta esencial para la reconciliación, es necesario que desde el Gobierno se lancen señales confiables de que no va a estar politizada, de que va a ser imparcial y de que la financiación solo se considerará si tuvo un direccionamiento concreto de la violencia. Eso es una tarea política, no jurídica.

GUSTAVO DUNCAN

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