Opinión

Se hace camino al andar

Hay que consolidar el programa de las 4G y completar la reforma del sector.

13 de mayo 2018 , 05:41 p.m.

Hoy escribo sobre un caso de éxito. Las concesiones 4G (cuarta generación) avanzan a pesar del escándalo de corrupción de Odebrecht en proyectos que no eran de este programa. El próximo gobierno debe terminar las reformas pendientes en el sector transporte y consolidar las 4G, que están generando mucho empleo y acelerarán nuestro crecimiento económico.

De los 30 proyectos adjudicados, 21 están en construcción y 12 tienen toda su financiación asegurada. El programa construirá y mejorará 5.000 kilómetros de autopistas, 937 en doble calzada; 140 túneles y 1.300 viaductos. Es el programa vial más grande en América Latina: vale 19.000 millones de dólares, frente a 12,6 del de Brasil y 7,8 del de México. Los proyectos fueron bien estudiados, los contratos son bien diseñados, la estructura de financiación es sana y el proceso de licitación y adjudicación ha sido transparente (ninguna adjudicación de las 4G ha sido cuestionada).

Las firmas privadas asumen ahora totalmente los riesgos de construcción y mantenimiento y, en buena medida, los de financiamiento. El Estado no da anticipos ni paga sobrecostos, y los recaudos de peajes y las vigencias presupuestales futuras se entregarán en contados anuales, siempre y cuando la vía esté finalizada y en buen estado. Los concesionarios invierten su propio capital cubriendo al menos 20 % del costo total y consiguen por su cuenta el resto del financiamiento, con apoyos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

No parecía fácil obtener los préstamos requeridos (43,5 billones de pesos), pues excedían la capacidad de los bancos locales que habían financiado íntegramente las concesiones anteriores. Pero de los 19,7 billones de pesos de préstamos ya contratados, solo 40 % fueron otorgados por ellos. El resto se consiguió con bancos internacionales, fondos de deuda especializados en infraestructura recién creados por inversionistas extranjeros y los fondos de pensiones, emisión de bonos acá y afuera y un aporte del 10 % por la FDN.

La incertidumbre creada por el escándalo Odebrecht frenó los cierres financieros durante la mayor parte del año pasado y exigió aprobar una nueva ley de infraestructura para resolver casos de nulidad por corrupción en el futuro. Aun así, la banca local ha reducido su participación en proyectos nuevos, pero los bancos internacionales y la FDN aumentaron la suya, de modo que el programa continúa a buen paso.

Ha sido un gran cambio frente al pasado, gracias a que: 1) Se partió de una propuesta integral diseñada por expertos (la Comisión de Infraestructura del 2013); 2) El Gobierno puso en ejecución la mayoría de sus recomendaciones con nuevas leyes de asociaciones público-privadas y de infraestructura, creando nuevas instituciones (la ANI y la FDN) y nombrando buenos directores y equipos técnicos en ellas; 3) El Ministerio de Hacienda aprobó vigencias futuras, capitalizó la FDN y creó el Fondes —un fondo público administrado por la FDN—, con los recursos de la venta de Isagén, e hizo los cambios de regulación financiera requeridos.

Ha sido un ejemplo de buena planeación y buena ejecución, a diferencia de lo que ocurrió con otras prioridades de este y anteriores gobiernos.

Ahora toca completar la transformación del sector, en particular: 1) poner a funcionar la Unidad de Planeación y la Comisión de Regulación del sector, creadas en la ley de infraestructura del 2015; 2) no volver a hacer adjudicaciones sin que se hayan hecho previamente las consultas comunitarias y obtenido licencias ambientales provisionales; 3) extender los avances logrados a concesiones departamentales y municipales; 4) tramitar una ley estatutaria sobre consultas para evitar abusos de terceros.

Ojalá los candidatos tomaran nota. En particular Petro, quien propone regresar a la vieja manera de hacer mal las cosas.

* Por transparencia advierto que participé en la Comisión de Infraestructura y lo hago en la Junta de la FDN.

GUILLERMO PERRY

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