Opinión

La otra Selección Colombia

La consulta anticorrupción podría llegar a tener efectos como los de la séptima papeleta en 1990.

01 de julio 2018 , 12:20 a.m.

Los colombianos estamos hastiados del clientelismo y la corrupción en la política. Así lo demuestran las encuestas de opinión y la elección presidencial pasada. En ella, el voto de opinión dominó el de las maquinarias: el 88 por ciento votó por Duque, Petro o Fajardo en la primera vuelta. No le valió a Vargas Lleras el apoyo de Cambio Radical, ‘la U’ y el Partido Conservador, ni a De la Calle el del partido liberal. Si esos partidos no se reforman, estarán llamados a desaparecer, como sucedió en Venezuela.

¿Qué tanto puede servir la consulta anticorrupción para cambiar esta situación? Unos dicen que poco, pues varios de sus artículos están ya contenidos en otros estatutos o exigen un desarrollo legal posterior y ninguno toca temas críticos como la reforma electoral o la de la justicia, ya que la consulta no puede afectar normas constitucionales. Las autoras de la iniciativa dicen que acabaría con la ‘mermelada’ y constituiría un mandato al Congreso para autorreformarse.

¿Quién tiene razón? Los efectos directos serían limitados. Pero, si hay una alta votación, la consulta constituiría un hecho político que ninguna autoridad podría ignorar impunemente. Y es muy probable que la indignación popular contra la corrupción se manifieste en una copiosa votación. Tanto Duque como Petro y los líderes del centro político (Fajardo, De la Calle y los Galán) se han comprometido a hacer campaña a su favor. Claudia López dice que a este diverso grupo solo lo han logrado unir la Selección Colombia y la consulta.

Rose-Ackerman concluye, en su obra ‘Corrupción y economía global’ (1999): “No es suficiente que la política criminal busque las manzanas podridas y las castigue. El Estado debe establecer credibilidad al castigar a funcionarios corruptos de alto perfil, pero el objetivo de esa fiscalización es señalar un problema y buscar apoyo público, no resolver los problemas subyacentes. Las leyes anti-corrupción solo pueden proveer un telón de fondo para reformas estructurales más importantes”.

En efecto, ningún estatuto anticorrupción, por bien hecho que esté, ni las campañas anticorrupción como las que hoy están llevando a cabo, por fortuna, los entes de control, tienen el poder, por sí solos, de liquidar la corrupción. ¿O acaso la acabó el estatuto que promovió Vargas Lleras en el 2011 o el proceso 8.000 y las acciones contra la ‘parapolítica’?

Una estrategia anticorrupción efectiva tiene que apoyarse en tres pilares: 1) sanciones efectivas contra los corruptos, lo que requiere una reforma sustancial de la justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación, y el fortalecimiento de las superintendencias y la Contraloría Nacional; 2) una reducción significativa de las oportunidades de corrupción, que exige, entre otras cosas, una reforma electoral para acabar con las llamadas microempresas electorales que se financian con contratistas a quienes luego pagan con contratos; la eliminación de trámites excesivos; la adopción de procedimientos transparentes para todas las compras y contratos públicos; mejores regulaciones sobre servicios públicos, competencia económica, regímenes de inhabilidades y gobierno corporativo público y privado; (3) una cultura ciudadana que ejerza sanción social sobre el enriquecimiento ilícito y ‘el todo vale’.

La consulta anticorrupción podría llegar a tener un efecto similar al que tuvo la séptima papeleta en 1990. La alta votación de entonces condujo a la Constituyente de 1991. Eso dependerá, por supuesto, de que Duque se apersone de ese mandato popular como lo hizo Gaviria con el de la séptima papeleta. Es una oportunidad que no debería desaprovechar. Si me permite una sugerencia, podría serle útil conformar una comisión asesora de alto nivel en este tema, como hizo el Gobierno chileno en el 2017.

GUILLERMO PERRY

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