Opinión

Hablando de ‘confiancitas’...

Duque parece haber heredado las extrañas ideas de su mentor sobre “la confianza inversionista”.

29 de abril 2018 , 01:55 a.m.

Un tuit del expresidente Uribe de hace unas semanas, que me siguen retransmitiendo sus seguidores, dice: “Yo soy amigo de la inversión privada, de que las empresas tengan confianza, crezcan y creen empleos de calidad. Por eso goberné en sentido contrario a Guillermo Perry y cía.”.

¿Cómo crear confianza entre los inversionistas y conseguir mayores niveles de inversión y empleo? Sobre este tema, en efecto, tengo una visión diferente a la de Uribe.

Pienso, como muchos economistas, que la confianza de los inversionistas depende de su confianza en las instituciones. Y esta se debilita cuando hay altos niveles de corrupción, como lo demuestra el dramático deterioro reciente de la opinión que los colombianos tienen del sistema judicial, del Congreso, de los partidos políticos y del Gobierno. También depende de la seguridad jurídica y de que los inversionistas crean que el manejo macroeconómico evitará las crisis fiscales y cambiarias. La inversión cae fuertemente en países que pierden el grado de inversión, como le sucedió a Brasil en el 2013 por no cumplir sus metas fiscales.

La inversión depende también del ciclo económico (se elevó en toda América Latina durante el ‘boom’ de precios del petróleo y otros productos básicos) y de que las empresas encuentren trabajadores calificados y buena infraestructura. Igualmente, depende del sistema tributario, pero este no es el único ni el principal factor, como parecen creerlo Uribe, Duque y Vargas Lleras.

Para Uribe, ‘confianza inversionista’ era sinónimo de incentivos tributarios. Pero se contradijo al establecer un absurdo impuesto de patrimonio a las empresas, del que por fin hasta ahora estamos saliendo. Soy amigo del impuesto al patrimonio de las personas naturales: las personas que tienen más riqueza (no solo más ingresos) deben contribuir más al financiamiento del Estado, por razones de equidad. Por eso lamenté que se hubiera derogado en 1986 el que tuvimos por décadas en Colombia y que, cuando Uribe lo restableció, no lo hubiera limitado a las personas naturales, sino que hubiera cometido la barbaridad de gravar con él los patrimonios de las empresas, desestimulando su crecimiento y el empleo.

Por demás, Uribe, en lugar de bajar la tasa a todas las empresas, como le recomendamos los exministros de Hacienda cuando nos consultó, prefirió mantenerla alta y establecer la deducción especial por compra de activos fijos y otros incentivos. Esa deducción tuvo un costo fiscal enorme y favoreció principalmente a las empresas petroleras y mineras que no necesitaban ese ‘incentivo’ para invertir cuando gozaban de precios muy altos. Peor aún, la extraña figura de las ‘zonas francas especiales’, hechas a la medida de ALGUNAS empresas, ha creado un sistema de competencia desleal entre ellas y con frecuencia facilita el contrabando y el lavado de activos.

La diferencia de opinión en materia tributaria entre Uribe y los economistas ortodoxos es la de que nosotros preferimos favorecer TODAS las empresas y él solo ALGUNAS. La mayoría de las empresas no se beneficiaron con zonas francas especiales ni contratos de Seguridad Jurídica, tuvieron que seguir pagando tasas altas, y muchas de ellas además el absurdo impuesto al patrimonio empresarial que estableció su gobierno. Pudieron aguantar esta carga porque la economía floreció gracias a los precios altos del petróleo. Pero apenas estos bajaron comenzaron a sentirse estranguladas, con el agravante de las sobretasas que les clavó Santos en el 2014. Por fortuna, mucho de todo esto se corrigió en la reforma del 2016, por recomendación, como diría Uribe, de ‘Guillermo Perry y cía.’ (la comisión asesora del 2015).

Ahora lo inquietante es que Duque parece haber heredado esas ideas excéntricas de su mentor.

GUILLERMO PERRY

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