Opinión

Mejor de lo que parece

Los indicadores sobre la lucha contra la corrupción han mejorado desde la Constitución de 1991.

20 de febrero 2017 , 07:28 a.m.

La indignación de la opinión pública con los últimos acontecimientos asociados a la corrupción está en sus máximos históricos. No en vano, ese tema ascendió hasta los niveles más altos en la escala de las preocupaciones de los colombianos. En ese entorno, afirmar que la lucha contra la corrupción en Colombia va mejor de lo que parece es un riesgo de lapidación pública.

La corrupción –como el maltrato a las mujeres, los ataques con ácido, las muertes de bebés por desnutrición, el abuso de menores... y tantas conductas atroces– violenta la conciencia, ocupando una sensibilidad especial en el alma colectiva. El sentimiento de rechazo se exacerba, creando una reacción pública que conduce al clamor por medidas extremas, pena de muerte, castración, linchamiento... que canalizan la rabia hacia soluciones simplistas o, quizás peor, a la desesperanza y a la apatía.

Desafortunadamente, esas ideas, surgidas al calor de la repugnancia, no contribuyen a la construcción de marcos eficaces para abordar los problemas de manera definitiva. La indignación, ineludible y saludable, es enemiga de la acción cuando no sirve para catalizar y presionar las decisiones institucionales y estructurales indispensables para enfrentar ese desafío en el largo plazo.

En medio de la justificada ebullición mediática y social con motivo del caso de Odebrecht, se ha perdido bastante la perspectiva sobre la situación objetiva de la lucha contra la corrupción en Colombia. La verdad es que los indicadores cualitativos y cuantitativos sobre la lucha contra la corrupción han mejorado consistentemente desde la adopción de la Constitución de 1991.

La creación de la Fiscalía General de la Nación y su posterior fortalecimiento institucional, legal y presupuestal han establecido un ente con el poder y la capacidad suficientes para incidir de manera estructural en la reducción de la impunidad. Comparativamente, no ha existido un periodo en la historia de Colombia en el que la capacidad investigativa y punitiva de la función acusadora tuviera una contundencia igual a la que hoy se observa.

Los poderosos ya no intimidan. Basta mirar el inventario de quienes en el pasado eran considerados ‘intocables’ provenientes de todos los espacios públicos y privados, de todas las esferas, de todas las ramas del poder público y de todos los estratos, que hoy están siendo sometidos a la justicia.

Desde patrocinadores y beneficiarios políticos de los paramilitares hasta empresarios, congresistas, alcaldes, ministros, viceministros, jueces, magistrados, autoridades locales o nacionales –la lista es larga y sustantiva– hoy responden ante una instancia judicial que antes despreciaban y manipulaban. Al nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no le ha temblado la mano para seguir por esa senda.

Igualmente, se puede afirmar que instituciones como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República –por su creciente capacidad institucional y por quienes las dirigen hoy– están siendo cada vez más eficaces. Las cifras de investigaciones, sanciones administrativas y fiscales confirman un eficaz activismo deliberado contra la corrupción. Naturalmente, queda mucho, muchísimo, por hacer.

Todo lo mencionado, si se observa con serenidad, le debería dar confianza al pueblo colombiano de que, como lo solicitara el propio presidente Santos, las investigaciones sobre Odebrecht llegarán a donde tienen que llegar.

Dictum. Viene la primavera. La calle ha cambiado muchas veces a Estados Unidos. Derechos civiles, el amor libre, el macartismo, la segregación, el aborto, la crisis hipotecaria, la guerra de Vietnam... todo eso se resolvió primero por el poder del pueblo. ¿Ocurrirá otra vez?

GABRIEL SILVA LUJÁN

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