Opinión

La paz, la JEP y sus retos

No podemos seguir aislando nuestros territorios, nuestro conflicto y nuestro pasado de la enseñanza.

12 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Con la creación de la Jurisdicción para la paz (JEP), la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición (CEVNR) y la Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas, queda integrado el “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Este sistema es el eje integral de lo acordado entre el gobierno y las Farc y, por ende, su funcionamiento será esencial para consolidar un posacuerdo adecuado y justo.

Como complemento, se aprobó el estatuto de la oposición y el acto legislativo que determina que los temas de derecho internacional humanitario y derechos fundamentales que incluye el acuerdo serán parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final.

Con este acopio normativo y la voluntad de las partes de cumplir lo acordado, debe culminarse la dejación de las armas y la consolidación de las condiciones de Estado en los territorios para la reincorporación adecuada de los guerrilleros. El reto es enorme, las dinámicas y lógicas territoriales son disímiles y complejas.

Con esto presente, en estos días estuve leyendo el libro 'Selva Adentro' del escritor, investigador y columnista Alfredo Molano. En el texto escrito en 1987, Molano explica con lujo de detalles las diversas formas de colonización del Meta y el Guaviare a través de los ríos Apiay, Duda y Guayabero, evidenciando la rapacidad y la violencia con la que se construyó el territorio. La siringa, el tigrilleo y la coca fueron parte de una lógica territorial enmarcada en las movilizaciones campesinas y guerrilleras donde el Estado se aisló de forma voluntaria, dejando que pululara ese apariencia estatal.

En igual sentido, se muestra como la cultura del “endeude” que históricamente dejaba a los campesinos, como ocurrió con los caucheros” empeñados de por vida, se reemplazaba por lógicas excedentarias del narcotráfico debido a la intermediación de la guerrilla que garantizaba precios. Con ello, se impedía que los narcos repitieran la historia de los caucheros, preservando su impuesto de “gramaje” y obligando a los campesinos a cosechar 3 hectáreas de comida por una de coca.

Al final del texto Molano, explica lo que 7 años después serán las Zonas de Reserva Campesina consagradas en la ley 160 de 1994 y que hace parte esencial del capítulo I “Política rural integral” del Acuerdo de paz entre las Farc y Estado.

 Las armas podrán entregarse, pero si seguimos siendo colombianos en actitud de guerra, la paz no se garantizará.

Esta es una radiografía de la lógica normal de los llamados “modelos de desarrollo” en el nivel local que con matices de sus inspiradores, ya sea de los movimientos guerrilleros, narcotraficantes o de los grupos armados paramilitares, interpretaron y expresaron su forma de apropiación y control del territorio ante la permanente e inexistente presencia y acción del Estado. Aquí es donde radica el mayor reto en todo este proceso de reconstrucción o, más bien, de construcción de un Estado en estos territorios que no han sido entendidos, desde la gerencia pública en Bogotá.

El reto es la interpretación del país y la visión del mismo en un escenario en el cual se asume el compromiso y la reflexión histórica, geográfica, cultural y humana de tantas hectáreas del país que han sido dejadas a su suerte. Por eso, las valoraciones frente a uno u otro inspirador se quedan muy cortas cuando no se conocen los verdaderos móviles que inspiraron tantas diversas apropiaciones del territorio, legales e ilegales, y culminaron en una estrategia tan cruenta de guerra, violencia y odio.

Este tipo de textos de “Antropólogos del territorio” como Molano son esenciales para no fallar en la implementación de lo acordado y comprender lo que ocurre en los territorios por sus lógicas asimetrícas e históricas. Por ello, me atrevo hacer las siguientes sugerencias para el buen funcionamiento de las instituciones creadas para el posconflicto.

En primer lugar, tanto la CEVNR y la JEP deben establecer un contacto permanente en los territorios. Por ejemplo, ciertas audiencias de la JEP tienen que adelantarse con la participación de las víctimas, victimarios y población civil en los lugares donde ocurrieron las tragedias (Mapiripán, Remedios, San Carlos, Ituango, Riosucio, Apartadó, La Hormiga, Pueblo Bello, Macayepo, Segovia, Trujillo, El Salado, Bojayá, La Rochela, Bahía Portete, Mapiripán, Mutatá, Sabanalarga, El Retiro, Miraflores, Dabeiba, Urrao, Barrancabermeja, entre otras). Esos actos de justicia y perdón colectivo deberían ser emitidos por diversos medios de comunicación a toda la ciudadanía para que se entienda lo que simbólicamente significa cerrar un conflicto.

Un segundo aspecto, tiene que ver con la obligación de enseñar historia del conflicto armado y del país, al igual que geografía de Colombia en los colegios públicos y privados. Es inverosímil que pensemos en construir un país incluyente y una nación fundada en la paz, cuando seguimos excluyendo nuestros territorios, nuestro conflicto y nuestro pasado de la enseñanza. Esa obligación también debería trasladarse a los servidores públicos de cualquier nivel, que antes de tomar posesión de los cargos tendrían que demostrar suficientes conocimientos de historia y geografía del país. ¿Como se puede gobernar un lugar que no se entiende y no se conoce?

Por último, rodear nacionalmente las instituciones creadas para cerrar el conflicto y así consolidar la transición. Los miembros de estas instituciones deben poner mucha atención en que su objetivo no es la aplicación a rajatabla de un Código Penal, sino entender que la justicia transicional estará atada a la justicia, pero también a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición.

La paz estará garantizada si todos deponemos los odios. Las armas podrán entregarse, pero si seguimos siendo colombianos en actitud de guerra, la paz no se garantizará. El reto es enorme y allí debemos caber todos sin excepción.


FRANCISCO BARBOSA
Ph. D. en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), docente e investigador en la Universidad Externado de Colombia.

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