Opinión

La judicialización contra el legislativo en Colombia

Esperemos que la JEP empiece a funcionar pues el mensaje de interinidad es inaceptable para el país.

24 de diciembre 2017 , 01:44 a.m.

El proceso de paz con las Farc ha tenido un curso tormentoso en la implementación. Sigo pensando que a pesar de las críticas que podrían hacerse a las decisiones tomadas por la Corte Constitucional y el Congreso, el proceso de paz ha venido adquiriendo una cara institucional que no puede desconocerse. De hecho, la desmovilización de las Farc, la entrega de armas y su paso a la política son temas que deben rescatarse. Esperemos que la JEP empiece a funcionar porque el mensaje de interinidad es inaceptable para el país.

Ahora bien, el mismo Congreso que ratificó el acuerdo de paz, que otorgó facultades extraordinarias, que aprobó las leyes y actos legislativos de implementación de la paz y que se la jugó haciendo ajustes necesarios a los textos derivados del acuerdo de paz es el enemigo del Gobierno por no aceptar que se aprobó un acto legislativo (AL) que no alcanzó las mayorías requeridas conforme a la interpretación del presidente del Congreso.

Sin embargo, la mácula de todo esto ha sido la controversia jurídica inacabable en torno al hundimiento del proyecto de acto legislativo que contenía las circunscripciones regionales dentro del proceso de paz -la determinación de que las curules fueran para las víctimas fue del Congreso-. Allí todo se ha hecho mal. El proyecto que fue hundido por no alcanzar los votos necesarios para su aprobación ha sido objeto por parte del Gobierno de todo tipo de recursos judiciales para hacerlo revivir. Miremos los caminos utilizados.

1. El Gobierno solicita al presidente del Congreso que le remita el proyecto de AL aprobado para su promulgación. Debe recordarse que el ministro del Interior había reconocido su hundimiento. La respuesta del Congreso fue clara: negarse porque, según su presidente, no fue aprobado conforme a la interpretación que se hizo de la Ley 5/92.

2. Luego, días después, surge de forma muy oportuna un concepto -no obligante- de la Sala de Consulta y servicio civil del Consejo de Estado que determina que el presidente del Congreso no tiene la razón y que la interpretación del reglamento de esta entidad debe ser distinta. Para esta sala de consulta, “mayorías” es igual a “quorum”. El Congreso responde que no puede aceptar esa tesis para revivir algo que no existe en la vida jurídica.

3. A seguida cuenta, el Presidente de la República le indica a la Corte Constitucional que solicite el texto del AL hundido para estudiarlo. El máximo tribunal de lo constitucional no cae en el garlito y le contesta al Presidente que esa solicitud no cabe dentro de sus competencias.

4. La andanada continua. Un grupo de ciudadanos interpone una acción de tutela para obligar al Congreso a remitir el acto inexistente. La audaz juez administrativa decreta una medida cautelar que obliga al Congreso a enviar el proyecto de AL hundido. Se impugna la decisión y posteriormente se confirma la solicitud. La respuesta del Congreso es clara, cumple con el Estado de derecho remitiéndole el trámite del proyecto “a efecto de que se tenga conocimiento de todo el procedimiento que se surtió en el Senado de la República” con el cual se muestra cómo se hundió.

5. Por el mismo camino se intenta una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo. En este caso, el ponente Luis Manuel Lasso -elegido magistrado suplente de la JEP- considera que se incumplió la Ley 5/92 por parte del Congreso al no interpretar de forma igualitaria “mayorías” y “quorum”. Con eso ordena al presidente del Congreso remitir el AL hundido para su publicación.

6. Por último, el Consejo de Estado acepta la acción de nulidad contra la decisión tomada por el Senado.

Esta seguidilla de requerimientos administrativos y acciones judiciales -inéditas en el Estado colombiano- han llevado con razón a que el Congreso se resista a enviar un texto que a la luz de la interpretación del presidente del Congreso no se aprobó.

Abrir el boquete judicial contra actos políticos del Congreso -el único órgano que controla estos actos del Congreso es la Corte Constitucional- llevaría a que cualquier ciudadano en Colombia interponga acciones de tutela cuando encuentre que un debate no se hizo y debe hacerse o que un impedimento no fue aceptado y debió aceptarse o que un grupo de ciudadanos consideren que sus intereses no están reflejados en el presupuesto y el juez ordene, entre otras medidas, que se incluyan. Con ese panorama, cualquier cosa puede ocurrir. Incluso esta discusión podría extenderse a los concejos en los municipios y a las Asambleas en los departamentos.

Todo esto plantea una desaparición material del órgano legislativo del poder público y una ruptura constitucional en Colombia. No es posible que nos alarmemos cuando el Tribunal Supremo de Venezuela usurpa competencias del legislativo y en Colombia nos parezca normal que los jueces consideren aprobado un texto que no lo fue y amenacen con cárcel al presidente y representante del Congreso de Colombia.

Ante esta inédita postura, los presidentes del Senado y Cámara anunciaron que solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque serían inminentes sus detenciones si los jueces los consideran en desacato. También se informará al secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación ocurrida para que se le haga seguimiento al caso colombiano por posible ruptura de la Carta Democrática.

Lamentable que una de las medidas más emblemáticas del proceso de paz -las circunscripciones para las víctimas- haya terminado envuelta en medio de una gran derrota política del gobierno Santos, que pretende resolverla, a como dé lugar, por la vía judicial.

P. D.: Les recomiendo el libro 'Crónicas El Tiempo 2017', con textos compilados por el escritor Juan Esteban Constain. Una de ellas es de mi autoría: 'El reto de Macron'.

Les deseo a todos mis lectores una feliz Navidad y un próspero 2018.

FRANCISCO BARBOSA

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